ZACATECAS. El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, integrado por ejidos y comunidades afectadas por la minería, así como organizaciones civiles, denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno en Zacatecas han sostenido reuniones privadas y sin convocatoria pública para “avanzar en la imposición” del proyecto presa Milpillas.
A través de un boletín, el movimiento aseveró que estas reuniones excluyen deliberadamente a la población e incluso a regidores de Jiménez del Teúl y Sombrerete, que son los directamente afectados por la construcción de dicho proyecto.
Precisó que el 15 de julio se llevó a cabo un encuentro en el salón de Cabildo de Jiménez del Teúl, el cual no contó con convocatoria pública. La presencia de policías estatales generó sorpresa y molestia entre algunos funcionarios municipales y habitantes que acudieron a investigar, al notar la actividad inusual.
Mencionó que dichas convocatorias son una simulación que intentan mostrar públicamente una supuesta aceptación social y que no hay oposición al proyecto.
PROYECTO INVIABLE
El Movimiento en Defensa del Territorio aseveró que Milpillas resulta inviable y representa “claras violaciones a nuestros derechos humanos y agrarios […] Llevamos casi 10 años luchando contra este proyecto y gracias a esto hemos demostrado que éste no resuelve la problemática de escasez de agua de la zona conurbada del estado”.
Destacó que más que ayudar, la presa agravará el estrés hídrico, aumentará la emisión de gases de efecto invernadero y destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca, “y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia”.
Recalcó que resulta inadmisible, “y creemos que debería ser vergonzoso” el gasto de recursos públicos para continuar tratando de engañar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones que serán finalmente los que aprueben o desaprueben el proyecto.
CONDICIONAN APOYOS
Integrantes del movimiento denunciaron que varias dependencias de gobierno están visitando las comunidades para ofrecer apoyos condicionados, como despensas o reparación de carreteras, tuberías de agua para todas las casas y hasta electricidad para que acepten la presa Milpillas.
Esto, ahondaron, “es un claro ejemplo de un proyecto en el que la aprobación social la obtienen bajo coacción, es un proyecto ilegal. […] A eso se le llama corrupción, pues es obligación de los gobiernos llevarlos a cabo [los programas], pues para eso son los impuestos que pagamos y para eso tienen un salario como funcionarios públicos.
“A las autoridades municipales, les recordamos que no queremos políticos que dicen estar del lado del pueblo, pero que en los hechos están en contra.
“Están demostrando ser un gobierno que se alinea con los intereses empresariales —mineras, cerveceras e industrias que despilfarran el agua— y que, en nombre del supuesto progreso y desarrollo, genera graves afectaciones ambientales, sociales y económicas en las comunidades y núcleos de población más vulnerados”, se lee en el boletín.