MADRID. La Fiscalía de Argentina ha recurrido este lunes la medida que permite a la expresidenta del país Cristina Fernández cumplir su condena de seis años por corrupción en arresto domiciliario.
«Es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal» y un «privilegio indebido» para la exmandataria, han denunciado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que ya habían solicitado anteriormente que no se concediese la medida.
Luciani y Mola han asegurado que los «casos graves de corrupción pública» deben conllevar el cumplimiento de la condena «como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto», según ha recogido el diario ‘La Nación’. «Esto configura un estado de marcada, extendida y subsistente ilegalidad, con entidad para tornarse irreversible», han señalado, quejándose de «un trato desigual frente a los otros ocho condenados» en esta causa que se presentaron en tribunales y fueron trasladados a prisión.
Los fiscales han puesto en duda las «expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción» derivadas de la concesión de la prisión domiciliaria, así como que «pueda la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, considerarse como un instrumento estatal útil y eficaz para la consecución de los fines sociales que se propone».
Además, en referencia a la alegación del tribunal según la cual no se puede garantizar la seguridad de Fernández en una cárcel, Mola y Luciani han cuestionado «¿cuál será entonces la alternativa que debería seguirse en caso de que Cristina Fernández incumpliera las reglas de conducta que los jueces del tribunal le impusieron?».
Sobre la apelación tendrá que decidir la Cámara Federal de Casación en una audiencia convocada para el próximo lunes, 7 de julio, cuando los magistrados valorarán también un recurso de la defensa de la expresidenta acerca del régimen de visitas y del uso de tobillera electrónica.