LA SECTA PIERDE MAGISTRATURA
Ni los acordeones ni el dinero ni los criterios flexibles del IEEZ lo salvaron. A Panchito Pérez Compeán se le escapó la magistratura del Tribunal de Disciplina. Ese hueso que La Secta se lo había “comprado”, se cayó por paridad de género y porque Panchito salió de la licenciatura con 7.2. El marido de la diputada Maribel Villalpando no cumplía con el promedio mínimo de 8 requerido. No alcanzaba ni redondeando las cifras, como le hicieron con los futuros jueces Ana Luisa Ortiz, José Luis Esparza, Cristopher Valdez, Victoria Cabral y René Saucedo. La cónyuge de éste último, Marina Viviana Sánchez, también acaparó una plaza de juez, gracias al influyentismo y operación electoral que hubo en la elección judicial.
INDIGNACIÓN POR LOS DE PANZAZO
Esa ayudadita que le dieron a cinco candidatos a jueces, redondeando sus calificaciones, indignó a muchos que participaron en la elección. Y algunos sostienen que el IEEZ se equivocó porque esos redondeos, justificados con disposiciones de la UAZ, aplicaban para un examen, curso o materia, no como promedio general o certificado. Las lenguas viperinas atribuyen el favor a la consejera electoral Sandra Valdez para ayudar a su hermano Cristopher Valdez. Le subieron calificación de 7.9 a 8, aunque dicen algunos que conocen a Cristopher que le llegaron a ver documentos con promedio de 7.2. Este futuro juez, si es que no lo impugnan junto a los otros, también trae padrinazgo del Instituto de la Defensoría.
AUMENTO DEL 4.25
Lo que no hizo Israel Chávez, ya lo presume Carlos Acevedo. El cabeza rapada afirma que ya hay un acuerdo inicial para un 4.25 por ciento de aumento salarial para los agremiados al SUTSEMOP del gobierno del estado. Todavía continúan las negociaciones, asegura Acevedo, aunque el porcentaje de incremento anunciado ya sería lo más relevante, y que ya no va a cambiar. A Carlos también le tocará revisar el asunto de comisiones en el comité estatal, porque no son pocas las observaciones que ha hecho el auditor Raúl Brito de supuestas irregularidades de trabajadores que afirmaban tener permisos sindicales, durante el periodo de Israel.
GRILLAS Y DENUNCIAS
A la fecha, la ex síndico de Jerez, Adriana Márquez, mantiene una denuncia en la Fiscalía contra la ex tesorera Eva “N” porque, en 2023, la quisieron embarrar en un negocio de compra de luminarias que traía el entonces alcalde Beto Salazar. Márquez jura que nunca firmó y eso mismo explicó a los de la auditoría. Otro escándalo que sigue en la mira de los auditores es el robo cibernético de más de 1.1 millones de pesos del sistema de agua de Nochistlán, también documentado en la cuenta pública de 2023 y denunciado ante la Fiscalía. La administración de ese municipio, que todavía mangonea Manuel Jiménez, no se caracteriza precisamente por su honestidad.
LA DIÁSPORA ROSA
Luego de la extinción de aquel partido rosa Fuerza por México inició la diáspora de su militancia. La mayoría está resentida con la gobernanza y Morena, y tienen ánimos de trabajar con la oposición. Lupita Flores fue la primera que lo hizo, para incorporarse a los panistas de la capital. La administración estatal arropó a Miriam García, ex candidata a gobernadora, a quien hizo directora de Inclusión, pero a casi todos a los demás cuadros rosas les dieron una patada. Por eso, según dicen, pocos acudieron a un llamado para sumarse al proyecto de Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno; a otros pocos se los llevó la delegada de Segob, Martina Rodríguez, para operarle al diputado federal Ulises Mejía.
PLEITO LARGO
El pleito legal contra Jenny González, líder del SPAUAZ, va para largo, juran en el grupo de los plurales. Jenny mantiene dos solicitudes de amparo: una contra su vinculación a proceso y otra por la queja que no procedió para que le cambiaran a la jueza Esmeralda Castro. Según las víboras del SPAUAZ, la resolución a esa demanda que promovieron Nancy Arias, Paola López y Alberto Vélez El Croquetas, hermano de Liliana Vélez, bien puede continuar hasta después de mayo del próximo año, cuando Jenny ya ni siquiera esté al frente del sindicato. El abogado Federico Soto se mantendrá en la defensa de González, acusada de fraude por la compra de un edificio para el sindicato.