CIUDAD DE MÉXICO. El Congreso de la Unión solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar a 26 candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial que no reúnen los requisitos de idoneidad pero que ellos eligieron.
Según los oficios remitidos al INE, al menos 13 aspirantes a jueces de distrito y 5 contendientes a magistrados no cumplen con los requisitos de buena reputación al tener carpetas de investigación abiertas en su contra.
De los casos, 10 están ligados a delincuencia organizada, 4 a delitos sexuales, 2 a delitos contra la salud, uno a desaparición forzada de un periodista y uno a amenazas y lesiones. Otros 8 no alcanzaron el promedio mínimo de 8.
De los contendientes con carpetas de investigación abiertas, se trata de sucesos durante el sexenio de Felipe Calderón.
Ayer, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dirigieron tres oficios a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para pedir oficialmente la remoción de los aspirantes.
Dos de los señalados ya habían sido denunciados el pasado 30 de abril ante el INE por otras organizaciones. Se trata de Fernando Escamilla, candidato a juez penal que fue abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, el «Z-40» y Eleazar Medina Rojas, «El Chelelo», ambos líderes de «Los Zetas», ya extraditados a EU.
También Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez penal de Nuevo León, detenido en 2013 con un arma de fuego y 17 dosis de drogas.
Aníbal Castro Borbón, candidato a juez, concedió libertad vigilada a dos ex altos funcionarios del IMSS relacionados con el incendio de la Guardería ABC.
Según los oficios, Arturo César Morales Ramírez, aspirante a Magistrado cuenta con una orden de aprehensión vigente y fue imputado por delitos contra la salud.
Él fue responsable de distintos juicios de la Operación Limpieza, redada en el sexenio calderonista contra funcionarios que presuntamente fueron cómplices del narco.
También Karina Almada Rábago, mencionada en una de las conferencias de AMLO por el entonces subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez, quien la señaló por presuntamente beneficiar a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, en el operativo «Rápido y Furioso» del sexenio calderonista.
Otros de los aspirantes que integran la lista son Francisco Herrera, ex fiscal regional de Michoacán en el sexenio de Silvano Aureoles y señalado por fabricar delitos, extorsionar a comunidades y por su posible involucramiento en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
También está Leopoldo Chávez Vargas, ya denunciado por la organización Defensores AC, por presuntamente estar seis años preso por tráfico de metanfetaminas en EU.
Y Julio Veredín Sena Velázquez Juez penal de CDMX quien en 2022 ordenó al MP determinar inmediatamente la indagatoria en contra de Pío López Obrador por delitos electorales.