ZACATECAS. Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, interpuso dos recursos legales ante el Poder Judicial del estado. Uno para solicitar “la anulación” de la audiencia inicial en la que fue vinculada a proceso penal; y otro para “recusar” a la juez Esmeralda Castro Dávila, para que ya no conozca más de su caso.
En ambos, el argumento es que dicha jueza tiene relación y parentesco con la pareja de abogados de las tres personas que la denunciaron, lo cual significa que está impedida legalmente para conocer del caso; sin embargo, al hacerlo. “Se violaron mis derechos humanos al [contar con] un tribunal de justicia imparcial”.
González Arenas interpuso el martes un “incidente innominado” para solicitar la nulidad de la audiencia inicial, celebrada el 12 y 17 de mayo, en la que fue vinculada a proceso penal por el delito de administración fraudulenta.
Lo anterior, “por haberse realizado con violación a mis derechos humanos, sin que pueda tal acto ser saneado ni convalidado”.
LA FAMILIA EN LA AUDIENCIA
En la motivación y fundamentación, la líder sindical expuso que los tres denunciantes tienen como apoderados legales a los abogados Sergio Ríos Muñoz y Alondra Navil Kendi Torres Castro, quienes son cónyuges, en demandas laborales.
Además, dicha abogada tiene parentesco con la jueza y coordinadora de juzgadores en el Poder Judicial, Esmeralda Castro Dávila, pues es su tía.
“Esto hace evidente que la jueza tiene impedimento para conocer y resolver la audiencia inicial, por presentarse un evidente conflicto de interés y a la vez un impedimento legal para hacerlo, pues su sobrina y el esposo de la misma han sido abogados patrocinadores de los denunciantes”, puntualizó Jenny González.
Señaló que Sergio Ríos fue designado como “asesor jurídico” particular de los denunciantes durante la audiencia en la causa penal 959/2025 en su contra.
Asimismo, ahondó, en la carpeta de investigación aparece el registro de una demanda de los mismos actores en su contra, en el expediente 0491/2024, ante el Tribunal Laboral, en la cual el mismo litigante actúa como apoderado legal.
En el documento se advierte que la jueza tiene además como sus abogados a su sobrina y al esposo en dos juicios seguidos en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas (TJLBEZ), el 035/2020 contra la Fiscalía de Justicia para reclamar una indemnización constitucional, y el 410/ 2020, contra el gobierno estatal.
PARCIALIDAD EN EL CASO
De acuerdo con estos hechos, la secretaria general del Sindicato de Personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) sostiene que se actualizan las causales de impedimento previstas en los artículos 36 y 37 fracciones II, IV y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al estar relacionada “por razón de parentesco por afinidad en un segundo grado”.
Y a pesar de tener conocimiento de esta situación, continuó, la jueza Esmeralda Castro conoció del caso y la vinculó a proceso.
Por ello, “con violación al debido proceso y la violación a mi derecho humano de acceso a la justicia ante un tribunal imparcial”, pidió que se aplique la regla general del 97 CNPP, que establece:
“Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano Jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento”.
Con sustento en los mismos argumentos en otro recurso legal, la secretaria general del SPAUAZ “recusa” a la jueza Esmeralda Castro Dávila, “por la parcialidad con la que actuó durante la audiencia dadas las causales de impedimento que conocía al momento de celebrarse la audiencia inicial y que motivaron que se viera afectada su imparcialidad para con las partes”.