GUADALAJARA. Las personas que enfrentan un proceso en prisión y no están en la Comisaría Preventiva o en los Ceinjures corren el riesgo de perder el contacto con su abogado defensor, además de que no hay trabajo para ellos.
Actualmente, cerca del 59 por ciento de los internos que se encuentran en Puente Grande -incluyendo las internas del Reclusorio Femenil- no cuentan con una sentencia condenatoria.
«Los procesados no pueden ser tratados igual que los sentenciados; aquellos buscan su libertad en el juicio, alejarlos del Preventivo o de los Ceinjures permite que no tengan contacto con su defensor», compartió una fuente penitenciaria.
«Los sentenciados buscan un beneficio a través de su plan de actividades; en cambio, los procesados no lo hacen, pueden estar sin hacer nada (…) tampoco se les puede dar trabajo porque es insuficiente, solo (hay) para los sentenciados en Injalreso».
La influencia del autogobierno también impacta en los procesados, agregó, ya que los líderes únicamente aceptan la relación con abogados que estén en su círculo.
El 10 de febrero, 60 hombres que estaban internados en el Preventivo fueron trasladados a la Comisaría de Sentenciados y, de acuerdo con las fuentes, con ellos se pretendía reforzar al grupo que ejerce control en el lugar.
La Secretaría de Seguridad sostuvo, por su parte, que el movimiento respondía a que 30 ya contaban con sentencia firme y que los otros habían sido cambiados por motivos de seguridad, para optimizar el ambiente de convivencia y ofrecerles una estancia digna.
Hasta el 31 de enero, el reclusorio de sentenciados contaba con 4 mil 371 espacios y 4 mil 342 internos, es decir, contaba únicamente con 29 espacios libres.
«El hecho de que haya una revoltura de internos, es decir, que se junten internos en prisión preventiva y sentenciados, no va a cubrir correctamente el objetivo de la reintegración social», sostuvo Francisco Ruiz, profesor en el Iteso.
«En principio porque aplican los conceptos de la reintegración social únicamente para sentenciados, es decir, la ley de ejecución de penas se aplica únicamente para sentenciados, y por lo tanto no aplica o no aplicaría este objetivo o esos objetivos para los que están en prisión preventiva, puesto que para ellos rige el principio de presunción de inocencia».
Insistió en que, con la revoltura, se violan derechos humanos.
«Hay un documento de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015, acerca de una recomendación en donde establece los lineamientos para la verdadera clasificación o correcta clasificación de los internos en el país, y este pronunciamiento se llevó a cabo por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anterior».