JALISCO. Buscar a una persona desaparecida es un martirio que muchas familias padecen en Jalisco.
A la incertidumbre y el miedo se suma el maltrato burocrático. Cuando la desaparición ocurre en otro estado, lo que debería ser colaboración entre fiscalías se convierte en una cadena de omisiones.
Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, advierte que uno de los principales obstáculos es la falta de protocolos claros de colaboración entre entidades.
«Hay por ejemplo un protocolo privado de investigación, pero no aborda de forma amplia el tema de las colaboraciones entre las fiscalías especializadas para investigar los delitos de desaparición.
«Las fiscalías podrían generar los convenios de colaboración para poder compartir la información y poder coordinarse de la manera más eficaz o efectiva», mencionó.
Un ejemplo es el caso de cuatro personas de Tequila que desaparecieron en Apatzingán, Michoacán, el 20 de febrero.
La familia denunció en Michoacán y se emitieron las cédulas, pero no hubo más contacto. En Jalisco, la situación no es mejor: a casi dos meses de la denuncia, no han recibido ningún tipo de apoyo a pesar de que el Gobernador Pablo Lemus aseguró que se daría a la familia todas las herramientas para localizar a María de Jesús Cervantes González, Ana Isabel Jiménez Ontiveros, Juan Carlos González Jiménez y Ramiro González Medrano.
La Fiscalía de Jalisco respondió que cualquier gestión debía venir de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), de la cual la familia nunca fue informada.
Otro caso es el de Abisaí Aguilar, joven de Nayarit desaparecido en Jalisco, cuando respondió a una oferta de empleo en la Central Nueva de Autobuses de Guadalajara.
Su madre denunció, pero por fallas en la Fiscalía de Nayarit, la denuncia nunca se formalizó. Meses después lo hallaron detenido en Jalisco, y su situación legal se agravó por no ser reconocido como víctima de desaparición.
«Hace falta que el tema del reclutamiento forzado por parte de un cártel se incluya en el protocolo, porque es un fenómeno que ya tenemos identificado aquí en Jalisco», explicó el penalista Josef Olid.