Grupos empresariales afectados en EU por los aranceles del Presidente Donald Trump al mundo exploran demandarlo, publicó ayer The Wall Street Journal citando personas familiarizadas con las conversaciones.
Pero esa acción, anotó, también conllevaría riesgos, pues los grupos alineados con Trump han advertido que hablar públicamente contra el Presidente podría generar que se aferre aún más a su estrategia arancelaria.
«Demandarlo provocaría una respuesta aún más severa, según han afirmado», advirtió el diario.
Señaló que la fuentes indicaron que la Cámara de Comercio, junto con la Asociación de Tecnología del Consumidor y otros grupos, están debatiendo una demanda que alegaría que el Presidente usó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, de la década de los 70, para imponer gran parte de sus aranceles.
Indicó que ya una pequeña empresa de Florida está alegando que esta Ley no autoriza los aranceles y que la justificación de Trump para las tarifas a China para que tome medidas enérgicas contra el comercio de fentanilo está demasiado poco relacionada con el aumento de los gravámenes.
Abundó que una demanda contra los aranceles universales también podría argumentar que los desequilibrios comerciales crónicos que Trump citó para justificar sus acciones no constituyen una amenaza «inusual y extraordinaria», como exige la Ley.
Refirió que que hay una doctrina jurídica que se podría usar en una demanda contra Trump, denominada «De las preguntas importantes», que ve con escepticismo las acciones ejecutivas de gran trascendencia económica y política que no estén claramente autorizadas por el Congreso.
El Journal señaló que quienes defienden una impugnación legal amplia de los aranceles creen que tendrían que presentar una demanda pronto para poder solicitar una orden judicial temporal y argumentar que las empresas se enfrentarían a daños irreparables a causa de los aranceles.
Aunque la Cámara de Comercio se negó a comentar sobre la posible demanda, el diario citó una declaración de Neil Bradley, director de políticas del grupo, quien dijo: «Al igual que otros, tenemos muchas dudas sobre la legalidad de estos aranceles».
«Creo que todo el mundo está intentando determinar cuál es la estrategia de salida de estos aranceles», abundó.
«Es imposible creer que este sea el nuevo punto de partida, ya que las consecuencias económicas serían muy graves».
El diario también citó en su artículo una declaración de Gary Shapiro, director ejecutivo de la Asociación de Tecnología del Consumidor.
«Los abogados parecen estar de acuerdo en que esto es ilegal», sostuvo, aunque se negó a comentar sobre la posibilidad de que su grupo se una a la demanda.
No obstante, añadió: «Habrá demandas y el Congreso se verá obligado a actuar».
Sergio Lozano García
Agencia Reforma