COLOMBIA. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha destacado este martes la mejora de la situación en Colombia desde el Acuerdo de Paz de La Habana firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar de los «retos» que persisten en el país latinoamericano, al que le ha pedido que utilice este pacto como instrumento para prevenir la repetición de ciclos de conflicto.
«Colombia -a pesar de los muchos retos que todavía persisten- es hoy un país diferente en comparación con los años anteriores a la firma del Acuerdo de Paz, que puso fin a la mayor insurgencia del país durante décadas. Los indicadores de conflicto, aunque han aumentado de forma constante en los últimos años debido a la expansión de otros grupos armados, siguen siendo muy inferiores a los registrados durante el punto más intenso de la guerra», ha señalado.
Ruiz Massieu ha celebrado que «ha surgido un sistema político más inclusivo y se han creado instrumentos que permiten al país abordar problemas estructurales», si bien «muchas disposiciones» del acuerdo «tienen un importante potencial transformador» y «algunas tienen alcance a largo plazo y todavía no se han implementado plenamente». Así, ha reconocido que el Gobierno de Gustavo Petro ha priorizado algunos de los temas como la reforma rural, pero la implementación «sigue sin alcanzar los objetivos establecidos».
Por otro lado, tras aplaudir que después de abandonar las armas las zonas que estaban bajo la influencia de las FARC «gozaron de un periodo de esperanza», ha lamentado que «en algunas de estas zonas la situación se ha degradado de manera progresiva con la llegada de actores armados -nuevos o que ya existían-«, que se han «aprovechado de la presencia limitada del Estado y buscando el control de las economías ilícitas».
«Las comunidades en estos territorios sufren los impactos del accionar de estos grupos y las consecuencias de vivir en zonas de disputa. El desplazamiento, el confinamiento, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y el aumento del reclutamiento de niñas y niños son hechos graves y ciertamente inaceptables», ha manifestado.
El representante de la ONU ha alertado de que «para lidiar con estas situaciones en Colombia se cae a menudo en la falsa dicotomía de escoger entre políticas de paz o de seguridad», cuando en las circunstancias actuales «es evidente que llevar bienestar a estos territorios requiere de la complementariedad entre ambas».
Con todo, ha hecho hincapié en que las disposiciones de garantías de seguridad «son esenciales para asegurar la prevención y protección frente a fenómenos de violencia». No obstante, la política pública de desmantelamiento de grupos armados y organizaciones criminales «apenas empieza a ser implementada tras su adopción tardía en mayo» de 2024.
«Estoy convencido de que si se hubiera implementado el Acuerdo de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo o Cauca. Aún se está a tiempo de utilizar el Acuerdo como un instrumento vigente y necesario para superar estos casos y prevenir la repetición de ciclos de conflicto en Colombia», ha concluido.