EUA. El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea deportar hasta un millón de migrantes en un año, de acuerdo con cuatro funcionarios consultados por el diario Washington Post.
Según el medio estadounidense, esa cifra estaría muy por encima del promedio anual de 400 mil indocumentados que fueron expulsados durante la Presidencia del demócrata Barack Obama.
Pero los citados funcionarios agregaron que esa meta parece poco realista y casi imposible, debido al financiamiento, la disponibilidad de personal y el hecho de que la mayoría de los migrantes tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados de Estados Unidos.
El asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, junto con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales, han comenzado la planificación para lograr ese objetivo, informaron dos de los funcionarios al Washington Post.
«Una estrategia para aumentar rápidamente las cifras, dijeron las fuentes, es encontrar maneras de deportar a algunos de los 1.4 millones de migrantes que tienen órdenes de expulsión definitivas, pero que no pueden ser expatriados porque sus países de origen no los aceptan», señaló el diario estadounidense.
El diario también destacó que la Administración Trump está negociando con hasta 30 países para enviarles a los deportados que no son sus ciudadanos.
Las autoridades estadounidenses ya han comenzado a enviar personas a países distintos a su lugar de origen.
Durante su campaña rumbo a la Casa Blanca, el Mandatario afirmó que quería deportar a «millones» de migrantes.
Pero la mayoría de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia en un tribunal migratorio antes de ser expulsados, incluidos los delincuentes y, con los retrasos actuales, resolverlos podría tardar meses o años, explicó el Washington Post.
FRENTES DIVERSOS
Los intentos del Presidente para impedir la migración ilegal incluyen desde audiencias sobre el poder del Gobierno estadounidense para deportar a personas, hasta la implementación de un registro para aquellos que están en ese país ilegalmente.
El viernes, una jueza federal se negó a bloquear que agentes de inmigración realicen redadas en lugares de culto.
La jueza federal Dabney Friedrich señaló que sólo ha habido un puñado de acciones policiales, y que los demandantes -grupos cristianos y judíos que representan a millones de personas- no demostraron el daño legal necesario para obtener una medida cautelar preliminar contra esas acciones.
También el viernes se puso en marcha un requisito para que las personas que están ilegalmente en Estados Unidos se registren ante autoridades federales.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 25 de febrero que requerirá que las personas lleven consigo documentos de registro, y advirtió que aquellas que no se reporten podrían enfrentarse a multas o ser enjuiciadas.
Asimismo, la Administración Trump clasificó esta semana a más de 6 mil migrantes vivos como si estuvieran muertos, luego de que funcionarios federales cancelaron sus números del Seguro Social.
En esencia, esta acción elimina su capacidad para trabajar o recibir prestaciones en territorio estadounidense. Hasta ayer, se desconocía cómo se eligió a las personas afectadas por esa decisión.