ZACATECAS. El secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, expuso que algunos colectivos interpusieron denuncias contra el proyecto del viaducto elevado de la capital.
Sin precisar el número, el funcionario dijo que se revisará si estas denuncias son procedentes y tienen sustento. Entre éstas, el abogado Jorge Rada Luévano presentó una para solicitar que se investiguen presuntos daños al erario porque los trabajos están suspendidos provisionalmente, debido a una orden judicial.
González Romo consideró que esta denuncia es un tanto extraña, ya que también se solicitan comparecencias al respecto, pero dijo que habrá que revisarla, “si tiene elementos con mucho gusto la radicaremos y si no, pues se desechará”. Estimó que en esta misma semana tendrían respuestas a estas solicitudes.
Ante los amparos y las suspensiones provisionales que se concedieron en contra del proyecto, González Romo dijo que “hay que esperar a que se pronuncien los tribunales de manera definitiva”.
Reiteró que por ahora, la Función Pública estaría en una etapa de supervisión, “y ahí es donde tenemos que revisar”.
Comentó también que “el tema del segundo piso se ha politizado y del tema están tratando muchos actores de sacar provecho político. Yo creo que deberíamos ser más serios”.
Centro Centenario, en riesgo de colapso
Ernesto González informó que se hace un análisis costo-beneficio para determinar si es viable la demolición del Centro Cultural Centenario, ahora destinado como museo de la corrupción.
“Para tratar de callar el desfalco que se hizo en esa obra, lo que se hizo fue darles un espacio a los jóvenes en esa área [para una escuela], pero hay riesgo de colapso. Tenemos problemas porque no podemos hacer que lleguen los servicios básicos”, dijo.
Negó que tuviera un costo extraordinario la habilitación virtual del museo de la corrupción, “simplemente fue personal técnico de la Secretaría de la Función Pública, que además hizo un trabajo muy bueno”.
En otro asunto, González Romo dijo que revisarán la situación de viáticos de bebidas alcohólicas por parte de la Secretaría del Campo (Secampo).
También informó que hay 20 solicitudes para entrar al programa y denunciar actos de corrupción. Según González Romo, ya hay un funcionario en investigación por presuntamente realizar cobros indebidos, pero se reservó el dato de a qué dependencia pertenece.