ZACATECAS. Ante funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), integrantes de medios de comunicación y sociedad, Jesús Peña Palacios, representante adjunto y oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentó el informe de buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos y periodistas.
El estudio analiza en detalle las actividades investigativas y procesales de nueve expedientes, de los cuales tres tienen sentencias condenatorias.
Peña Palacios informó que entre enero de 2019 y octubre de 2023 la Oficina en México del Alto Comisionado documentó 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios y 90 de personas defensoras, que fueron víctimas presuntamente por relación con su labor; además de 13 desapariciones, ocho de defensoras y cinco de periodistas.
De 150 víctimas, por lo menos dos tercios sufrieron incidentes previos y más de 30 por ciento presentaron denuncias formales que no fueron consideradas ni tramitadas.
El representante de ONU-DH expuso que el informe se enfoca en delitos de desaparición, homicidio y amenazas, de los cuales dos (un asesinato y una desaparición) se seleccionaron por su gravedad, mientras que las amenazas por ser la agresión más común.
Mencionó que la labor de las personas defensoras y periodistas regularmente afecta a intereses políticos, económicos, sociales, públicos o privados.
Por tal motivo, regularmente son objeto de represalias y obstáculos por parte de quienes se benefician de las injusticias, desigualdad, corrupción y falta de información veraz.
Agregó que en México, los periodistas y defensores de derechos humanos afrontan diferentes riesgos materializados en distintos tipos de agresiones, que van desde campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, vigilancias y las más crueles: desaparición y asesinatos.
DELITOS IMPUNES
Peña Palacios mencionó que la ONU-DH elaboró un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de protección al inicio de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este análisis constató que el mecanismo juega un rol importante que logró salvar vidas, pero no puede ser atendido como la única respuesta a la violencia contra quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos.
Aseguró que en México es preocupante que existan altos niveles de impunidad, lo cual causó nuevas agresiones, porque incluso el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que 99 por ciento de los delitos quedan impunes.
Entre las conclusiones del informe, destaca que al compartir las prácticas se produjeron buenos resultados, pero se pretende que sean replicables y contribuir en la lucha contra la impunidad, además que debe ser un recordatorio del impacto en casos de impunidad en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
DESDE LOS MEDIOS
Lorena Gutiérrez Ortiz, directora de NTR Zacatecas, expuso que la libertad de expresión sobrevive bajo amenaza constante en el estado y en México, uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo.
Recordó que 46 periodistas fueron asesinados durante el sexenio de López Obrador; en Zacatecas se tienen registrados dos casos en 2020 y 2022: el de Jaime Daniel Castaño Zacarías, en Jerez de García Salinas; y el de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo.
Además, en 2024 se registraron siete carpetas de investigación y este año va una por amenazas y agresiones a periodistas, de las que cuestionó cuántos casos no se han hecho públicos por temor de las víctimas.
En este contexto, advirtió que las fallas de las medidas para la protección de periodistas recientemente han quedado expuestas por los asesinatos de Cristian Zavala, en Guanajuato; y Cayetano Guerrero, en Estado de México, durante los dos primeros meses de 2025.
A nivel local, agregó Lorena Gutiérrez, la iniciativa para tener una ley en la materia quedó en la congeladora en la Legislatura del Estado.
Expuso que los ataques contra trabajadores de medios de comunicación en Zacatecas se traduce en violencia digital, amenazas, afectación al patrimonio, procesos legales, entre otras.
Calificó como indignante la represión sufrida en la marcha del 8 de marzo de 2024, en la que además de agresiones a mujeres, niñas, niños y adolescentes, periodistas fueron violentadas en la Plaza de Armas y después retenidas por las fuerzas de seguridad.
“Quienes ahí estuvimos lo atestiguamos, lo informamos y también fuimos, somos, increpadas por ello. A un año de esos ofensivos hechos, la represión sigue impune”, criticó.
