ZACATECAS. El abogado Jorge Rada Luévano informó que analiza la ruta jurídica por los comentarios realizados por el titular del Poder Ejecutivo y el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, luego de que acusaran de corrupción y una “complicidad política” entre la jueza tercera de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) y su despacho.
Después de que la jueza concedió la suspensión provisional de la obra del segundo piso, por el posible daño al patrimonio y la falta de permisos de la construcción, aclaró que la asignación de expedientes de las demandas de amparo se realiza de conformidad con el pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Explicó que se establece un sistema de recepción de registro y de turnos de demanda en un sistema automatizado y aleatorio, con el objetivo de que ni los quejosos o abogados decidan a qué juez le llegue el asunto.
“Es un sistema electrónico automatizado que te asigna los expedientes, en ello no pueden tener interferencia ni los juzgadores ni nosotros como litigantes de la asignación de estos expedientes”, explicó.
El abogado reprochó que las acusaciones del gobierno del estado de supuestas mañas y de que existe una relación personal con la jueza, aseguró que “son los funcionarios de gobierno quienes tienen estos vínculos”.
Enfatizó que lo único que buscan sus representados, mediante el amparo, es que se demuestren las autorizaciones conforme lo establece la autoridad, lo cual no han realizado.
“No lo han hecho, se han reducido a pelarse en temas personales, lo que me parece lamentable y fuera de un debate legal e institucional por parte de las autoridades”, puntualizó.
Existe un daño al erario
Ante las declaraciones del secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, de que hay un daño económico de más de 4 millones de pesos por día, el abogado adelantó que presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que fiscalice el manejo de estos recursos y la culpabilidad de los responsables, que están provocando este daño económico.
Destacó que si por el freno de esta obra existe un daño a la hacienda pública, es por “falta de responsabilidad y cumplimiento de la ley por parte de las autoridades responsables que nosotros señalamos en el amparo”.