CIUDAD DE MÉXICO. Cientos de policías municipales de la frontera sur, donde inicia la migración que busca llegar a Estados Unidos, han estado bajo las órdenes del crimen organizado.
Del 8 de diciembre de 2024 al 2 de febrero de este año, en la entidad se han detenido a 224 policías locales, incluyendo a dos estatales de investigación, así como dos Alcaldes, y funcionarios municipales de Chiapas en las zonas Centro, Fraylesca, la Sierra y Los Altos.
Los funcionarios detenidos están vinculados al Cártel de Sinaloa o al Cártel de Chiapas y Guatemala, este último considerado un aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.
«Muchos de ellos (policías municipales) han sido infiltrado por la delincuencia», ha dicho el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.
Las localidades donde se presenta este problema son Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villa Flores, Villa Corzo, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa y Acapetahua.
En contraste, en estos casi dos meses, no han sido detenidos capos del narco o líderes criminales, de acuerdo con información brindada por la Fiscalía chiapaneca.
A decir de Gerardo González, investigador del Colegio de la Frontera Sur, las detenciones hasta ahora son mediáticas y hace falta ver qué hace la autoridad para evitar esas ligas criminales.
«La violencia es estructural y los cárteles siguen en guerra, pero el tiempo nos dirá si todo esto (las detenciones), se hizo o no con ética», opinó el investigador.
José Antonio Villatoro, Alcalde interino de Frontera Comalapa del PVEM, fue detenido el pasado 5 de enero por nexos con la delincuencia organizada en una zona serrana limítrofe con Guatemala.
En la localidad de Bella Vista, en la misma región, el Alcalde Rosember López, del partido local Chiapas Unido, fue imputado por extorsionar a pobladores con hasta 60 mil pesos si querían regresar a la ciudad de la que huyeron por amenazas.
En Bella Vista, una madre de cuatro hijos, identificada como Luisa y desplazada desde hace un año por esa narcoviolencia, relató que pese a las detenciones de funcionarios no ve condiciones de regresar a la comunidad que abandonó de madrugada en enero, junto con 15 vecinos más.
«Ya no hay balazos ni bombas que caen en nuestros patios, ya se puede salir a comprar la despensa, pero los narcos continúan armando filtros, nos toman nota de a qué hora salimos y a qué hora entramos al pueblo, nos miran», dijo la vecina, resguardada en un albergue.
Mariana Morales
Agencia Reforma