ZACATECAS. Luego de las deportaciones y declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que sostendrá reuniones con clubes migrantes para poner en marcha diversas estrategias y evitar que se violenten las garantías de los paisanos, informó Maricela Dimas Reveles, presidenta de la dependencia.
Explicó que se impulsará una agenda migratoria en coordinación con asociaciones internacionales, a fin
de hacer un llamado a que las instituciones y los países respeten el derecho a la movilidad humana.
Al respecto, mencionó que desde la CDHEZ se buscará acudir como observadores y realizar exhortos tanto a los organismos como a las naciones, para que garanticen que no se violentarán los derechos humanos ni habrá deportaciones arbitrarias.
IMPORTANTE, GARANTIZARLOS
Dimas Reveles consideró que las deportaciones no solo vulneran el derecho a la movilidad, sino que también se pueden relacionar con los derechos a la alimentación y educación.
“Cuando no se respeta el derecho a la movilidad esto trae consigo una serie de violaciones. Por ello es fundamental seguir trabajando para que los estados generen compromisos y respeten los avances de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, enfatizó.
Inclusión
Durante la Primera Reunión Ordinaria del Mecanismo Independiente de Monitoreo sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Maricela Dimas Reveles destacó que es de suma importancia que se garanticen y reconozcan las garantías de las personas con discapacidad, incluyendo su derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas y de esparcimiento en igualdad en condiciones, por lo que se presentó el programa de trabajo del Mecanismo para 2025.
Éste aborda garantías como el derecho al trabajo; al reconocimiento ante la ley; a la igualdad; a la educación; a la salud; al acceso a la cultura, arte y deporte; así como a la participación en la vida política y pública, con la finalidad de cumplir con la obligación internacional del Estado Mexicano para promover, proteger, defender, supervisar y divulgar los derechos del colectivo.