La transparencia en las Universidades Públicas
Ante las recientes declaraciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, sobre los excesos en las burocracias de las universidades públicas, es necesario reflexionar sobre las implicaciones que ha tenido el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas no solo de los organismos autónomos en general, sino de las instituciones de educación superior en particular.
Es preciso señalar que, si bien es cierto que las universidades públicas son autónomas, también es cierto que esa autonomía está acotada por el marco constitucional establecido en el artículo 3 y la Ley de Educación Superior, así como por la cantidad de recursos económicos que reciben tanto de los gobiernos federal como estatales.
La autonomía no es gratuita, porque entre las funciones de las universidades públicas encontramos la creación de profesionistas con un perfil crítico, siempre y cuando sea el que se requiere en el sentido social; sin embargo, cuando se requiere formar otro tipo de sociedad, entonces es oportuno cambiar las condiciones en las que se maneja el presupuesto de las universidades.
Más allá de poner en riesgo la autonomía de las instituciones, lo que sí se necesita es ejercer un control de gastos efectivos. En primer lugar, finalizar de manera adecuada los recursos que reciben las instituciones públicas estatales.
Pero otro tema tiene que ver con una estrategia de austeridad en la que se controlen los gastos de las instituciones, porque el recurso que se recibe es para las funciones sustantivas y no para el pago de funcionarios.
El tema de los recursos de las universidades públicas no es menor. Por el contrario, se trata de algo que tiene que ser abordado con urgencia, en particular en los planteles estatales que se encuentran en crisis como es el caso de la UAZ, en la que de acuerdo con el convenio de apoyo financiero se debe gastar un presupuesto anual de 97 millones de pesos, cuando la universidad gasta de 234 millones, 136 millones más de lo autorizado.
Una nómina en la que se han ingresado a más de 300 personas que no desempeñan funciones sustantivas dentro de la universidad y que tampoco se ven reflejadas en un incremento proporcional en la matrícula de la institución es innecesaria.
Ese recurso puede ser utilizado para dejar de pagar maestros por honorarios, o para crear un fondo para la sustitución de prestaciones y disminuir el pasivo laboral o en un fideicomiso que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y jubilaciones.
Pero no, se prefiere destinar ese recurso a alimentar una casta dorada de funcionarios que, si hicieran bien su función, no tendrían a la universidad en la crisis en la que se encuentra. Desafortunadamente, las habilidades de los funcionarios para administrar a la universidad brillan por su ausencia, lo único que demuestran es su capacidad para disfrazar los problemas y hacer que cada día nuestra institución esté en una crisis financiera más aguda.
El llamado no es a vulnerar la autonomía, más bien a ejercer mecanismos de control eficiente del gasto universitario, sin que ello implique una intervención, sino una eficaz fiscalización que permita acabar con la precarización docente, porque pocas personas saben que hay profesores con doctorado que ganan menos de un salario mínimo.