CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un expediente en el que podría aclarar el destino de cientos de suspensiones que ordenan detener la elección judicial de 2025.
La Presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez dos solicitudes presentadas bajo el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que faculta al máximo tribunal para resolver controversias que se susciten al interior de dicho Poder.
Las peticiones fueron presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), así como por otro grupo de juzgadores, quienes pidieron lo siguiente:
«Determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer las impugnaciones existentes contra las suspensiones que han sido concedidas por diversos juzgados de Distrito, y analizadas por diversos tribunales colegiados y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, en relación con la reforma Constitucional al Poder Judicial».
Cabe recordar que las suspensiones, en muchos casos, ordenan al Instituto Nacional Electoral (INE) no seguir adelante con los preparativos para la elección, mientras que en otros, también ordenan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no reducir salarios ni remover a jueces o magistrados.
Varias suspensiones provisionales ya han sido confirmadas por tribunales colegiados, y existen al menos tres suspensiones definitivas.
La Corte no ha resuelto si ejercerá su facultad de atracción para resolver recursos contra dichas suspensiones, lo que sería el método más sencillo para fijar un criterio final sobre el tema.
El INE está acatando las suspensiones, pero el CJF ya incumplió algunas de ellas, cuando resolvió, por cuatro votos contra tres, enviar al Senado las listas de jueces y magistrados para sortear los puestos que serán electos en 2025.
Además de las dos solicitudes ya turnadas al Ministro Gutiérrez, hay otras tres que también plantean conflictos entre los jueces de amparo, el CJF y el TEPJF, ya que este último afirmó el 26 de octubre que la elección judicial no puede detenerse, pero al mismo tiempo, admitió que no tiene facultades para revocar las suspensiones.
La facultad del artículo 11, fracción XVII, fue la base del Pleno de la Corte para abrir, el 3 de octubre, una controversia en la que podría pronunciarse sobre la reforma judicial.
Ese proyecto, sin embargo, lo debe presentar el Ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya afirmó que la Corte no puede revisar el contenido de la Constitución.
Aprietan a INE tribunales de CdMx
Al menos seis tribunales federales de la Ciudad de México confirmaron entre el 6 y 8 de noviembre suspensiones provisionales que ordenan al INE detener la elección de 2025, o que prohíben reducir salarios u otras afectaciones a juzgadores.
Los tribunales confirmaron, en sentencias inapelables con diversos alcances, suspensiones otorgadas a finales de octubre por la jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa, Minerva Mendoza.
La sentencia más problemática para el INE la dictó el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la queja 365/2024, en la que declaró inoperantes todos los agravios del órgano electoral para impugnar la suspensión.
«Suspendan la realización de gestiones tendentes a la implementación del decreto y la Convocatoria en tanto afecten de manera directa a los quejosos (sic) en su calidad de titulares en activo del Poder Judicial de la Ciudad de México», ordena al INE la suspensión confirmada, en alusión a la reforma Constitucional publicada el 15 de septiembre.
El INE alegó que no es posible suspender un mandato de la Constitución, que se afecta el derecho de los ciudadanos a votar en las elecciones de 2025, y que el amparo no procede en materia electoral ni contra el contenido de la Carta Magna, pero el tribunal consideró inoperantes los argumentos por referirse al fondo del litigio.
«El simple hecho de que el decreto reclamado esté previsto Constitucionalmente, no imposibilita a la juzgadora a ponderar aspectos de orden público frente a la posible afectación de derechos fundamentales de la parte quejosa», sostuvo el tribunal.
«En el caso, la juzgadora advirtió posibles afectaciones a los derechos de acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho, aspectos sobre los cuales nada aducen los recurrentes», agregó.
La jueza Mendoza tiene pendiente resolver sobre las suspensiones definitivas, pero podría tardar varias semanas, debido a la lentitud del trámite para emplazar a todas las legislaturas estatales que aprobaron la reforma Constitucional, y mientras tanto, están vigentes las suspensiones provisionales.
Estas se suman a cerca de 300 que han dictado jueces de varios estados, comenzando por la que notificó el 25 de septiembre el Juzgado Segundo de Distrito en Colima, que luego fue confirmada por un tribunal colegiado de esa entidad.
Cabe recordar que, el 1 de noviembre, entró en vigor la reforma que prohíbe cualquier demanda contra la Constitución, aplicable a los asuntos en trámite, por lo que en teoría estos amparos tendrían que ser desechados.