CIUDAD DE MÉXICO. La iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución para asignar facultades de investigación de los delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue respaldada por unanimidad en comisiones del Senado de la República.
Con la reforma –que presumiblemente será votada por el pleno el miércoles próximo– esa dependencia adquiriría tintes de «súper Secretaría», tal y como apuntó el senador priista Miguel Riquelme.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se fortalecerán las atribuciones de la SSPC, que tendrá la responsabilidad de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a mando de la cual estará un civil, además de que tendrá facultades para auditar y vigilar el uso de los fondos federales destinados a la seguridad pública.
Los senadores morenistas Higinio Martínez y Saúl Monreal se apartaron del guión y reconocieron la gravedad de la violencia que se respira en la República.
«Hay que atajar el horror», urgió Martínez, luego de traer a colación los casos más sonados en las últimas semanas: el de los asesinatos de diez personas en un bar en Querétaro, el los cinco en otro establecimiento de Cuatitlán, Estado de México, y el del Alcalde decapitado en Chilpancingo.
«Hay una problemática real», advirtió Monreal en su oportunidad, quien había apremiado a la oposición a «no regatear» el apoyo a iniciativa.
El senador Riquelme, ex Gobernador de Coahuila, observó que, con la reforma, se pretende «no solamente dotar de atribuciones a la Secretaría de Seguridad, sino que la quieren hacer una súper Secretaría, y, si funciona, será factible. Celebro que hoy la bancada oficial se diera cuenta del grave error que se cometió al dejar la Secretaría de Seguridad Pública como un cascarón burocrático y que con esta reforma se atienda, al menos parcialmente, la crisis provocada al estado de derecho.»
La también priista Claudia Anaya alertó del riesgo que implica que la Secretaría asuma ahora las tareas de fiscalización de los recursos que para la seguridad pública serán destinados a estados y municipios.
«No pueden permitir que cada secretaría esté fiscalizándose los recursos del ramo. Así lo dice: ‘estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el sistema a través de su Secretariado Ejecutivo’. Y no debiera ser así. Y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice cómo está redactado actualmente el párrafo y cómo es que debería estar redactado actualmente y cómo debe de continuar el párrafo redactado.»
Por el PAN, el senador Ricardo Anaya consideró como un «gran acierto» que la reforma asigne facultades a la SSPC para investigar delitos.
«Estamos en favor por dos razones: porque pone el acento en algo que es clave si se quiere pacificar el país: la investigación de los delitos y porque establece una coordinación bajo un mando civil, que son grandes aciertos de la reforma», explicó.
El ex dirigente panista dijo que confiaba en que la iniciativa representase «un cambio de rumbo para pacificar el país: investigar para desmantelar a las organizaciones criminales y no sólo descabezarlas.»
En opinión del emecista Clemente Castañeda la iniciativa «va en la dirección correcta. Nos parece que hay un acierto en fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conducir las labores de investigación e inteligencia y, por supuesto, para que coadyuve con las fiscalías en la elaboración de las carpetas de investigación.
«Y genera un marco de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los fines y objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y porque intenta homologar estándares y criterios de actuación de nuestras corporaciones policiacas. Lo decimos categóricamente: durante los últimos seis años prácticamente perdimos el tiempo en la formación de policías locales, municipales y estatales.»
Para el senador petista Gonzalo Yáñez la iniciativa de reforma «va a permitir desmantelar las estructuras generadoras de delincuencia en nuestra nación, puesto que es una postura completamente proactiva. Aquí se precisa que es la Secretaría del ramo, esto es de vital relevancia, porque la delincuencia tiene su soporte central en una materialidad que le podemos denominar economía del crimen, la economía criminal.
«Si seguimos la ruta del poder y del dinero podremos acercarnos a desarticular las estructuras, no estamos hablando solamente de enfrentar actos delictivos, sino de enfrentar lo que ya son de facto instituciones delictivas.»