Sinaloa, México. A 22 días de violencia en Sinaloa, empresarios y organizaciones civiles especializadas en diversas áreas, urgieron a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a funcionarios de los tres niveles de Gobierno, acciones efectivas para restaurar el orden público en la entidad.
En un desplegado, la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, que coordina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y que incluyó 86 firmas, resaltaron a las autoridades que la población en el estado está en una condición de vulnerabilidad de sus derechos humanos y libertades debido a los hechos de inseguridad desatados desde el pasado 9 de septiembre, tras la captura del capo Ismael «El Mayo» Zambada y la disputa del territorio por parte de cárteles del narcotráfico.
«Como sociedad rechazamos rendirnos y tolerar esta realidad. No aceptamos la normalización de la violencia con la que nos han forzado a vivir en nuestro territorio. No exageramos cuando decimos que en en los últimos veintidós días hemos observado con terror un incremento en las actividades delictivas como son los asesinatos, desapariciones, balaceras, bloqueo de vialidades y robo de vehículos, lo cual ha generado incertidumbre, aislamiento y efectos devastadores en la sociedad», expusieron.
«La vida cotidiana se ha trastocado y nada nos garantiza que esta situación terminará pronto o bien, se extenderá. Es en estos momentos, es cuando la ciudadanía requiere con urgencia que las autoridades cumplan con su deber de salvaguardar las libertades fundamentales y restituir el orden público al que tenemos derecho. Las voces ciudadanas que reclaman paz no deben ser minimizadas o ignoradas», exigieron.
Ante ello, exhortaron además a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al General Ricardo Trevilla, titular de la Sedena; Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sus homólogos en Sinaloa, y al Gobernador Rubén Rocha Moya, que asuman sus deberes de forma decidida, rindan cuentas sobre cómo atienden la problemática y con qué resultados, de forma permanente, bajo un esquema de diálogo constante y «sin ocultar información».
Llamado que también hicieron extensivo a legisladores locales y federales para evidenciar y buscar soluciones para las localidades afectadas, con crímenes, desplazamiento y enfrentamientos.
«Les recordamos que su deber es trabajar por y para la ciudadanía más allá de sus proyectos políticos personales y de partido. Es a sus representados a quienes deben rendir cuentas. Quienes ostentan un cargo de elección popular han estado muy cerca de la ciudadanía para pedir su voto, pero en los peores momentos, ¿decidirán ignorarla y abandonarla?», cuestionaron.
En el documento, respaldado por decenas de organizaciones del ámbito social, académico, empresarial, cultural, ambiental y cultural, tanto locales como nacionales, urgen a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Sinaloa investigaciones imparciales, que se evite revictimizar a las personas afectadas directa e indirectamente por los hechos violentos, que se difundan ampliamente las fichas de las personas desaparecidas en todo el estado y que se presente un informe general.
«Hemos encontrado que los jóvenes están siendo blanco de las desapariciones y que las cifras oficiales no coinciden con las de las familias que sufren la ausencia; esto de acuerdo con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, que también denuncian secuestros y reclutamiento forzado por grupos criminales en áreas urbanas y rurales», advirtieron.
A las autoridades de todos los ámbitos de gobierno se les exige que proporcionen asistencia legal y psicológica, además de garantizar el acceso a servicios de salud, techo y alimentación a las familias que han sido desplazadas por la violencia, como ocurrió en El Palmito y Concordia; mantener el apoyo en las comunidades rurales afectadas y lograr una reparación integral del daño.
Pare evitar la desinformación, pánico social, se pide a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que además de difundir un comunicado con el balance diario, informe de cada suceso de manera inmediata por sus plataformas digitales oficiales; de esta forma también se combatirá la información falsa que circula en las redes y se podría evitar que la ciudadanía transite por zonas donde se estén llevando a cabo operativos o hechos de violencia.
También se hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, universidades e instituciones educativas públicas y privadas para que se difundan ampliamente el Plan de Proximidad y Protocolos de Seguridad que se están ejecutando en los entornos escolares, para mayor certeza y toma de decisiones de madres, padres de familia, personas tutoras así como del alumnado y las personas colaboradoras.
El documento cierra con un exhorto a la ciudadanía para que se pronuncie y continúe con esta exigencia.
«El silencio no es opción», concluye.
Luego de 132 asesinatos y al menos 58 enfrentamientos en 21 días, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció ayer el operativo militar de inteligencia «Fuerza de Tarea».
El Mandatario morenista explicó que el operativo se desarrollará durante los primeros 100 días del Gobierno de Sheinbaum para pacificar la región y para tratar de localizar a más de 130 personas reportadas como desaparecidas en los últimos días.
Entre los 132 asesinatos, están incluidos 20 civiles «neutralizados» por el Ejército, además de 50 detenidos y 122 vehículos asegurados.