VALPARAÍSO. El ayuntamiento inició una investigación administrativa en contra de 90 trabajadores, debido a que se encontraron indicios de posibles infracciones, “al igual que los servidores públicos que salieron y que incurrieron incluso en un delito penal”, afirmó la presidenta María Guadalupe Ortiz Robles.
Estas presuntas faltas detectadas son por falsificación de documentos, tráfico de influencias “y lo que resulte”.
Al cuestionarla sobre las quejas de acoso laboral y posible despido injustificado que denunciaron los trabajadores que tomaron la presidencia, la alcaldesa afirmó que no hay tal hostigamiento ni acoso laboral y que, aunque solo tomaron la presidencia 40 empleados, faltan 50, “pero son como 90 que están bajo la misma condición [de investigación], pero ya se les pagó”.
Aclaró que la investigación administrativa está sustentada en la Ley del Servicio Civil de Carrera y a los empleados que están ya bajo procedimiento y debidamente notificados, se dio el derecho de audiencia para defenderse.
Sin embargo, este viernes los trabajadores denunciaron que ya incluso les habían dado ultimátum de hora para decidir qué harían ellos, si renunciar a sus cargos, irse a demanda laboral o ponerse a prueba durante los próximos tres meses.
Al respecto, la alcaldesa aclaró que sí tomaron 40 la presidencia, “que duró bloqueada media hora” y negó que fuera por hostigamiento al presentarse al ayuntamiento resguardada por la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Respecto a los probables delitos encontrados en este tiempo de revisión de cuentas, Ortiz Robles explicó que encontraron duplicidad de contratos, falsificación de documentos que eso ya se convierte en una falta penal,
Además, tráfico de influencias en lo que detalló que generaron contratos por tiempo indeterminado “lo que la ley prohíbe” y previo a todo esto, “con actas que el mismo órgano de control interno levantó actas que ellos ya tienen en su poder”.
Esto, continuó, para que tuvieran conocimiento de por qué se les puso bajo investigación administrativa. Por lo que este viernes se seguían celebrando audiencias con cada uno para no violentar sus derechos “y si se quieren asistir de un abogado no hay ningún problema”.
Por tal motivo, afirmó que lo que hicieron como autoridad es respetar la ley, “pero si ellos quieren justificarse, para eso están los tribunales. Nosotros no hemos despedido a nadie porque aún no tenemos el resultado de esa investigación”.
Aseguró que encontró entre los acusados a gente que se percató del probable delito que se les notificó y concluyeron que no quieren problemas, por lo que se retiraron por voluntad.
Con ello, insistió que no desea deshacerse de todos los trabajadores de la administración pasada, solo de quienes fueron encontrados con posibles delitos o faltas administrativas.
Reiteró que lo único que hace es respetar la ley y si ellos quieren buscar otra opción o justificarse “para eso están los tribunales”, con lo que los invitó a proceder como mejor convenga.
Añadió que ellos llegaron y los pusieron a trabajar, “algo a lo que no estaban acostumbrados; es probable que por eso se sientan mal, pero para eso, el municipio les paga un salario”.