CIUDAD DE MÉXICO. Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena que se analice sin prisa la reforma judicial, y se diseñe otra que no afecte la autonomía de los poderes ni las inversiones extranjeras ni a la economía nacional como, afirman, sí lo hará la propuesta que el Gobierno busca aprobar la próxima semana en el Senado, donde están a un sólo voto de la mayoría.
El dirigente del PAN y senador, Marko Cortés, y los coordinadores de las bancadas del PRI, Manuel Añorve, y de MC, Clemente Castañeda, cuyos partidos más uno independiente tienen 43 curules en el Senado, se sumaron a la petición del presidente de la Sociedad Americana en México, Larry Rubin, quien solicitó a López Obrador y al líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, que la reforma judicial se discuta con mayor apertura y se escuche a quienes generan empleo y bienestar en el País.
Los tres senadores coincidieron en que se requiere una reforma judicial, pero que resuelva a fondo el mal funcionamiento de fiscalías, ministerios públicos, fortalezca la defensoría de oficio y, finalmente, analice cuáles cargos pueden ponerse a votación y no una, como la actual, que sólo pretenda politizar la justicia y hacer que el Poder Judicial dependa del partido gobernante.
«Desde la primera sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales nosotros pedimos más tiempo. ¿Qué urgencia hay? Los legisladores apenas están entrando. No han tenido la oportunidad ni siquiera de conocer el dictamen. Hay que tener un diálogo con los expertos, con especialistas, con los universitarios, con los diversos organismos internacionales. Todo el mundo está preocupado por esa reforma, por las consecuencias que puede tener en materia jurídica, en materia comercial», dijo Cortés.
«El único que tiene prisa es el presidente. Yo te aseguro que Claudia Sheinbaum (su sucesora), preferiría llegar, instalarse, y entonces ahora sí, con toda la calma, revisar a fondo el tema. Pero estas prisas de que el presidente ya se va, pues es lo que está poniendo realmente en presión y riesgo todo el modelo de justicia y dándole peligrosa entrada al crimen organizado en la definición de jueces y magistrados», agregó.
La reforma, avalada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y que se pretende aprobar a más tardar el próximo miércoles en el Senado, busca poner a voto popular los cargos de ministros, magistrados y jueces a partir de una lista donde Morena tendrá preferencia. Tiene 85 senadores y les falta un voto para la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores.
La reforma ha sido cuestionada incluso por Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México, que no consideran que resuelva el problema de la corrupción, sino al contrario, aumentaría la desconfianza de los inversionistas en el marco legal mexicano. No obstante, Morena busca aprobarla antes de que López Obrador deje el cargo, el 30 de septiembre, pues, según dijo Mario Delgado, su dirigente, debe ser «un gran regalo» al Presidente, cuyas reformas anticonstitucionales o aprobadas en procesos irregulares fueron frenadas por el Poder Judicial.
«Yo no veo razón a la prisa. Podemos discutir una reforma, no solamente judicial, una reforma al sistema de justicia, porque aquí todo el mundo sabe que (la de López Obrador) es una reforma a modo, es una reforma regresiva, que no respeta la división de poderes, que va en contra de la imparcialidad de la aplicación de la ley, que trastoca y viola y violenta los derechos laborales de los trabajadores. Es una reforma que termina con la carrera judicial, para que entren solamente los afines y amigos de la 4T al poder judicial», agregó Manuel Añorve.
El priista consideró que el presidente de la American Society está en su derecho de pedir una mayor reflexión de una reforma que podría afectar las inversiones estadounidenses en México por no tener garantías judiciales.
«Ellos saben que esta reforma es regresiva y es para apoderarse del Poder Judicial Federal», sostuvo.
Castañeda, coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano, dijo que no le sorprenden las solicitudes de representantes de Estados Unidos, pues la reforma judicial impactaría las inversiones y en la economía.
«El régimen sigue sin dimensionar el tamaño de la barbaridad que significa para la República y la democracia la mal llamada reforma al Poder Judicial. La arrogancia de aplicar el ni los oigo ni los veo de nada le sirve a México», expresó.