CIUDAD DE MÉXICO. Una Jueza federal de Cuernavaca ordenó ayer a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial, agendada para mañana.
Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en Morelos, otorgó el viernes una suspensión provisional, en la que ordena que al dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
«Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva Legislatura (que se instala este lunes)», dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.
El dictamen prevé la elección por voto popular de todos los Jueces del País, incluidos, en junio de 2025, los Ministros de la Corte, Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los alrededor de mil 650 jueces y Magistrados federales.
En teoría, los diputados no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la Jueza resolverá si la suspensión es definitiva.
Pero en la práctica, es probable que los diputados ignoren la orden de la jueza, como ya ha hecho el Congreso en otros casos en este sexenio, por ejemplo, cuando otra Jueza ordenó repetidamente al Senado designar a comisionados faltantes del INAI.
Ante la violación a una suspensión, los Jueces sólo pueden denunciar el probable delito de abuso de autoridad ante la FGR, que en los últimos años ha recibido varias querellas de este tipo contra altos funcionarios del Gobierno, pero no ha actuado contra ninguno.
Varios Jueces ya se han negado a conceder suspensiones en amparos promovidos por sus colegas contra esta reforma, pues tradicionalmente el Poder Judicial Federal no puede intervenir en los procesos legislativos para someterlos a su control.
Además, en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero de Amparo y Juicios Federales, concedió ayer una suspensión provisional, que no frena la discusión de la reforma, pero sí impide que se concrete.
En el amparo 1190/2024, señala que las Cámaras del Congreso pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.