ZACATECAS. Tras la marcha del 8 de Marzo (8M), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que se encontraron elementos suficientes para ejercer acción penal en contra de una autoridad (sin precisar cuál), probable responsable de la violencia ocurrida en Plaza de Armas; sin embargo, el proceso se detuvo.
En un comunicado, la fiscalía explicó que una de las víctimas y su asesor legal se mostraron inconformes con dicha resolución, ya que falta por acreditar la tortura que sufrió y señalaron a más autoridades involucradas.
Por ello, solicitaron una audiencia ante el Juez de Control del Estado de Zacatecas para suspender la acción penal, lo cual se otorgó tras un amparo.
En el boletín, la FGE también aseguró que “desde el inicio de la investigación realizó acciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, ello en coordinación con las víctimas y sus asesores legales, a las cuales siempre se les citó a ser partícipes de las indagatorias, mediante los conductos legales correspondientes”.
Por lo anterior, la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género encontró las pruebas suficientes para una acción penal en contra de una de las autoridades en agravio de una de las participantes del 8M.
Aunque se detuvo el proceso, la FGJE precisó que se muestra respetuosa de las determinaciones judiciales.
Sin embargo, aseveró que “se buscarán los caminos legales conducentes para llevar a los responsables ante la justicia y evitar la impunidad en hechos tan graves como los ocurridos en contra de sectores vulnerables como los ocurridos el 8 de marzo”.
Piden dictámenes para acreditar tortura en el 8M
María Luisa Sosa de la Torre, integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ), reveló que pidieron nuevos dictámenes que acrediten que hubo tortura durante la manifestación del 8 de Marzo (8M), por lo que el proceso se suspendió mientras se toman en cuenta las pruebas solicitadas.
Reconoció que ya hubo una resolución por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que arrojó resultados negativos ante señalamientos de presunta tortura.
“Nuestro agresor es el Estado y por tanto no es un procedimiento ordinario, como cuando una víctima denuncia a una persona o un grupo como sus agresores”, precisó al referir que fueron corporaciones de seguridad las que incurrieron en actos de represión.
PROTOCOLO DE ESTAMBUL
Sosa de la Torre explicó que las víctimas se negaron a recibir atención psicológica por parte del Estado e insistió en que solicitaron el protocolo de Estambul, un mecanismo para acreditar si hubo o no acciones de tortura. “[Solicitamos] que esta revisión sea externa y en breve tendremos los resultados”.
Por lo pronto, refirió que se concedió una suspensión provisional del proceso; “nosotras no pedimos más de un mes, dado que está ya por iniciar el trabajo, con este recurso que nos ha proveído para la aplicación del protocolo a las víctimas de una organización internacional”.
Aunque, refirió que la misma FGJE les llegó a ofrecer la realización de este protocolo.
María Luisa Sosa se negó a responder si las agresiones físicas denunciadas tardaron más de 15 días en sanar. “Nosotras no vamos a viciar la carpeta”, alegó.
*Con información de Alejandro Wong