CHIAPAS. Al menos mil 300 pobladores de las comunidades Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal y Zacualtipan en Amatenango de la Frontera, en la Sierra de Chiapas, están incomunicados desde el pasado domingo.
Integrantes de cárteles de la droga, que se encuentran en pugna por el control de la región, tiraron el puente que les permitía sortear el Río Grijalva y conectar con el resto de los municipios de la Sierra baja.
Estas comunidades se ubican entre Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa, ambos fronterizos con Guatemala, y donde el Cártel de Chiapas y Guatemala -del CJNG-, y el Cártel de Sinaloa, se disputan el territorio.
«Todo esto se está convirtiendo en un terrorismo que afecta a miles de familias que dependen de estas vías de comunicación. No hay palabras para describir esto», dijeron los pobladores en una carta firmada por el Pueblo de la Sierra de Chiapas.
«Ya se han agotado todas las peticiones de auxilio que se le han hecho desde hace mucho tiempo al Gobernador, Rutilio Escandón, haciendo caso omiso a los gritos de auxilio de los chiapanecos».
Otro habitante de la Sierra describió: «no hay alimentos, la gente, los niños y las niñas están asustados porque la situación empezó desde el domingo».
Cientos de pobladores de diversas comunidades de Amatenango de la Frontera se desplazaron a Guatemala en julio pasado, debido a la violencia criminal de estos mismos cárteles.
A decir de los pobladores, la región de la Sierra Madre de Chiapas está abandonada, lo que ha motivado la creación de grupos de autodefensas que buscan imponer seguridad por su propia mano.
Para el activista del Comité Digna Ochoa, Luis Abarca, es grave la falta de protección del Ejército.
«Las Fuerzas Armadas, lejos del discurso de que están para garantizar la seguridad de la población mexicana, lo que queda en evidencia es que protegen a la delincuencia y a los militares coludidos. El Ejército también ha ejercido violencia hacia la población», criticó.
Ahora, sostuvo, al aislarlas totalmente, «estas comunidades están sometidas bajo el control total de los cárteles. Están sometidas al reclutamiento forzado y al terror».
«Y esto es grave porque, a pesar de la presencia militar, los cárteles actúan libremente», agregó.
Abarca recordó que aislar y someter a las comunidades no es una práctica reciente.
El 17 de octubre pasado, de acuerdo con la queja CNDH/4/2023/10204/R, grupos de la delincuencia organizada cerraron todos los accesos y la carretera que comunica a los municipios de Tila y Yajalón, en la zona norte de Chiapas, y de igual manera cortaron la energía a la población, mientras hombres con armas de alto calibre se movilizaban por la zona.
«Termina el sexenio con un Gobierno que decidió proteger al crimen organizado, vulnerando derechos humanos de la población de Chiapas», señaló Abarca.