GUADALAJARA. No sólo padecen la incertidumbre por la desaparición de un familiar, sino los problemas económicos y patrimoniales que arrastra este delito.
Para algunos familiares, convertidos en buscadores, pelear por una vivienda que estaba pagando la persona desaparecida, la pensión o algún otro patrimonio es algo que ni siquiera consideran.
Para otros, comienza a ser un problema que quieren resolver, sobre todo por el bien de los hijos de las personas desaparecidas.
Es el caso de Lupita Galván, quien además de buscar a su hijo Elías Macías Galván, desaparecido el 5 de mayo de 2019, pelea por una vivienda que estaba pagando, pues quiere que sea un patrimonio para los tres hijos de Elías.
Para reconocer y garantizar los derechos de las personas desaparecidas, y para que sus parientes queden protegidos y puedan representar los intereses, se creó la figura de declaración especial de ausencia por desaparición, según la ley publicada en febrero de 2021.
El trámite se realiza en Juzgados de lo Familiar, no interfiere con la búsqueda de las víctimas y corresponde a la Comisión Ejecutiva Especial de Atención a Víctimas (CEEAV) asesorar a los parientes para presentar este recurso.
El problema es que dar ese primer paso se convierte en un trámite engorroso entre otros aspectos, porque la CEEAV no se da abasto, lo han padecido por ejemplo integrantes del Colectivo Luz de Esperanza.
«Hay demasiados errores, sólo en el colectivo tenemos dos compañeras que hace un año entregaron los papeles y les acaban de hablar hace unas semanas para pedirles que nuevamente llevaran los papeles porque los habían perdido.
«O sea, durante un año nunca hicieron ni siquiera el juicio de declaración especial de ausencia y las familias estaban esperando la sentencia, pensaban que la llamada ya era para avisarles de la sentencia, es parte del Estado rebasado, o sea, en el área de la declaración especial de ausencia son muy pocos abogados», comentó Héctor Flores, secretario del grupo.
Entre el desconocimiento y la urgencia de resolver los temas de la investigación y búsqueda de la víctima, no son muchas las personas que realizan este trámite.
De acuerdo con datos del Gobierno del Estado, entre 2021 y septiembre de 2023 se habían presentado 395 solicitudes de declaración especial de ausencia.
En ese mismo lapso se habían obtenido 218 sentencias; 206 de éstas se habían obtenido en 9 meses de 2023.
De acuerdo con Héctor Flores, lo que más pelean los familiares es la vivienda que estaban pagando los ahora desaparecidos, le siguen las pensiones, e incluso hay parientes que quieren pelear la custodia de los hijos de las víctimas. Pero todo queda trabado en los trámites.
ASÍ LO DIJO
«Me da coraje que nos hagan (dar) vueltas y vueltas y vueltas y nomás no se resuelve nada, nada y (dicen) que venga y me dan un teléfono y nunca contestan, nunca contestan de ahí de la Comisión de Ejecutiva de Víctimas».
Lupita Galván
Buscadora