CABEZA: Claudia Sheinbaum y una reforma administrativa
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En la colaboración anterior le compartí que había leído algunas notas que señalaban básicamente que “la próxima presidenta de México dijo que su equipo ya trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) con la cual podrá, entre otras cosas, crear ‘supersecretarías’, de manera que sus titulares de Estado tengan un mayor control de sus áreas y por lo tanto ella como jefa del Ejecutivo”.
Finalizé el texto afirmando que “una reforma administrativa pareciera una nimiedad, pero no lo es. Muy por el contrario, es un asunto de la mayor importancia, porque estaríamos viendo la manera en que se pretende que determinados temas, de importancia para la nación, sean tratados.
Ya veremos cómo avanza el tema, pero es algo a lo que también, sin duda, las entidades federativas y municipios deben dar seguimiento puntual, a fin de estar en condiciones de ver, adaptarse y coordinarse, para beneficio de la población. Parece algo sin chiste, pero tiene mucha importancia. Ya lo veremos al paso del tiempo”.
Y mire usted, no pensaba abordar el tema ya o bien, hacer una segunda parte, pero bueno, como se dice por ahí, “una cosa llevó a la otra y mire, aquí estamos”, así que aprovecho el espacio porque derivado de la colaboración, recibí algunos comentarios y cuestionamientos respecto de lo que podría pasar y cuál sería mi opinión.
Primero, debo decir que, salvo conocer la eventual iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estamos en el terreno de la especulación.
Hasta no conocer el documento y revisar con detalle la exposición de motivos y las modificaciones al actual texto, estaríamos señalando meras suposiciones que, sin duda, no llevarían a nada salvo a recopilar algunos elementos para una posterior discusión y, en ese ínter, seguir practicando ese deporte nacional que, si estuviera entre las disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, cada olimpiada nos llevaríamos el oro: la especulación política.
Sin embargo, lo que no debemos dejar de ver es que, cuando hablamos de una reforma administrativa, tenemos que considerar que ésta puede impactar en los dos matices que suelen tener las normatividades en relación con los entes públicos: la administración pública centralizada (entiéndanse las secretarías de Estado y otras áreas que dependen directamente del titular del Poder Ejecutivo) y la administración pública descentralizada (donde caben entidades públicas como empresas paraestatales, entes desconcentrados, etcétera).
Normalmente el de primera importancia es el aspecto centralizado de la administración pública, porque de ahí deviene la capacidad de que un ente atienda determinados temas y, al ser cabeza de ese sector, coordine y defina actividades que pueden implicar a otros entes descentralizados.
Para aclarar la situación anterior, permítame poner el ejemplo de la Secretaría de Energía en el plano federal.
La primer atribución que le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es que tiene la responsabilidad de “establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia”.
Ello, entre otras cosas más, la convierte en cabeza de sector, que conlleva a que coordine entidades públicas paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex), por el tema de los hidrocarburos, y Comisión Federal de Electricidad (CFE), por energía eléctrica. ¿Me sigue?
Trate ahora usted de pensar en las dimensiones que tienen las distintas secretarías de Estado; aumentar, modificar o derogar atribuciones entre entes públicos lo que impacta en la manera en que estos se organizan, operan y ejercen esas atribuciones.
Conlleva invariablemente también la construcción de equipos que, en muchas áreas, tiene un gran despliegue nacional; piense por favor en el caso de las delegaciones federales de diferentes entidades o dependencias como las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tienen amplios, complejos y profesionales equipos que deben adaptarse y afianzar los cambios. De pensarse, ¿verdad?
Y, precisamente, esto último me parece lo más complejo: la dimensión de los cambios. Esa palabra debe ser una constante en la perspectiva de la administración pública, aunque muchos gobernantes no entiendan la “o” ni por lo redondo.
Más allá de que tengamos liderazgos,mandatarios o representantes populares que son buenos para la grilla política, pero malísimos para gobernar, algo que debe interesarnos es saber cómo se organizará la administración y, sobre ello, tratar de dimensionar el rol de los funcionarios. Tarea (responsabilidad) más funcionario: simbiosis crucial.
Tenemos ejemplos de sobra de gobernantes con buenas intenciones, triunfos electorales legítimos y apoyo popular, pero con gabinetes malísimos que básicamente roban el oxígeno en las dependencias. Perfiles erróneos en áreas con responsabilidades específicas y atribuciones de importancia.
Una reforma administrativa sabe visualizar el qué se quiere hacer, cómo se tiene que hacer y quiénes deben encabezar esos esfuerzos. Talento hay, el chiste es ponerlo donde debe ir. Pero primero es la norma, porque todo funcionario público está obligado a hacer solamente aquello que la ley le marca. Es el principio de lo demás. o, como se decía, por ahí, “primero el plan, luego el hombre”.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
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