Informar oportunamente
La transparencia es uno de los principios fundamentales de la democracia, eso es innegable; sin embargo, mucho se habla del tema sin tomar en consideración todos los factores que lo rodean.
La información es importante para la toma de decisiones, pero también tenemos que considerar cuál es el momento oportuno para que la información a la que se accede sea lo suficientemente completa como para que las decisiones que se tomen con base en esa información sean adecuadas.
Mucho se habla de las exigencias de información, como ciudadanos queremos saber todo en el momento en el que sucede y, probablemente, ese es nuestro derecho; sin embargo, no siempre la información tiene que fluir en ese sentido.
Los procesos son un ejemplo claro de cómo la información al instante no siempre es la salida adecuada. Todos hemos escuchado hablar del caso Cassez, una francesa acusada del delito de secuestro en México que tuvo que ser puesta en libertad por violaciones al debido proceso.
Este caso es un claro ejemplo de cómo la información que se publica antes de tiempo puede generar un conflicto tal, que se genera una duda razonable sobre la veracidad o falsedad de los actos consecutivos al momento en el que se genera la información.
En ese caso, las autoridades tenían prisa por mostrar resultados de las políticas de combate a la delincuencia, de tal forma que se hizo pública información imprecisa, incompleta, que generó especulaciones y detalles confusos que analizados a la luz de un debido proceso legal generaron una duda razonable sobre la culpabilidad o no de la francesa acusada de secuestro, así como del procedimiento seguido a su detención.
Esa información analizada desde una perspectiva jurídica no debió haberse hecho pública en ese momento, lo que provocó una consecuencia no muy favorable para el sistema jurídico mexicano. La sensación de injusticia con la que nos quedamos los mexicanos nadie nos la quita.
Por otro lado, nos encontramos un proceso contrario, información relevante que contada oportunamente puede ser la diferencia entre aplicar o no una política pública de atención médica, pero que fue reservada por así convenir a los intereses políticos de quien gobierna y que una vez que sea revelada ya no podrá ser de la misma utilidad como lo sería si se analiza en estos momentos.
Tal es el caso de la información relativa a las políticas públicas sanitarias en materia de la COVID en México.
La información relativa a las estrategias de vacunación fue declarada como reservada, que no podrá hacerse pública en unos años, por lo que, cuando sean liberados los datos ya no serán de la misma utilidad para el diseño de políticas públicas adecuadas en lo que a esta enfermedad se refiere.
Como podemos observar, en ambos casos nos vamos al extremo, información que se cuenta demasiado pronto y su manejo temprano genera incertidumbre, o información que no se genera de manera oportuna y su manejo tardío provoca ineficacia en el uso de esa información.
Ante esos escenarios, solo nos queda diseñar mecanismos eficaces que nos permitan, no solo transparentar la información, sino que el acceso a ésta se haga de manera tal que sea oportuna y pueda rendir los resultados adecuados, pero para lograr ese equilibrio debemos tener como sociedad y gobierno la madurez para esperar la información en el momento oportuno y no detenerla más del tiempo necesario.