ZACATECAS. El diputado Juan Carlos Corona Campos urgió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar las inspecciones necesarias para determinar la afectación y los criterios de reparación que permitan mitigar los impactos generados por el derrame de residuos de la mina Aranzazú, ubicada en Concepción del Oro, Zacatecas.
En tribuna, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), junto con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), remitir un informe pormenorizado a la LXIV Legislatura, sobre las acciones para la contención y limpieza de los residuos mineros derramados, además de que detalle a la ciudadanía sobre los riesgos a la salud asociados al contacto de estos residuos.
“La ruptura de una tubería en la mina Aranzazú ocasionó el derrame de tres toneladas de residuos en las calles Negrete y Melchor Ocampo, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona, pues los desechos causaron algunos problemas de picazón en la piel y alergias de acuerdo a información periodística”, señaló el legislador al presentar la iniciativa de punto de acuerdo.
Al presentar el punto de acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la LXIV Legislatura, Juan Carlos Corona explicó que uno de los mayores peligros es el derrame de desechos mineros líquidos o sólidos con altas concentraciones de metales pesados y otras sustancias tóxicas, representando una grave amenaza para los ecosistemas, la salud humana y la sostenibilidad a largo plazo de las regiones afectadas.
“Los derrames de residuos mineros tienen un impacto devastador en los cuerpos de agua cercanos. Pueden contaminar ríos, arroyos y lagos, comprometiendo la calidad del agua, causando efectos adversos en la salud humana, incluyendo problemas neurológicos, enfermedades respiratorias y cáncer”, advirtió.
De igual forma, indicó que afectan directamente a las actividades económicas locales, como la agricultura y la ganadería. La contaminación del suelo puede reducir la productividad agrícola y comprometer la seguridad alimentaria.
El líder petista advirtió que estas circunstancias pueden generar conflictos sociales y económicos, ya que las comunidades afectadas suelen enfrentarse a empresas mineras y a autoridades gubernamentales en busca de responsabilidad y reparación. Estos incidentes pueden exacerbar los conflictos sociales.
“En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que ninguna actividad económica puede estar por encima del derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, establecido en el párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, concluyó el legislador Juan Carlos Corona.