MADRID. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado que los médicos de Idaho puedan realizar abortos de urgencia en caso de un grave riesgo de salud para la mujer embarazada, en un dictamen que no entra en el fondo de la cuestión pero que permite este tipo de prácticas médicas al menos de forma temporal.
La decisión se ha hecho oficial este jueves, aunque ya el miércoles el tribunal había publicado el texto por error en su página web. En él, se establece que el Supremo, por seis votos a tres, rechaza de primeras un recurso presentado por el estado de Idaho y varios congresistas republicanos.
No se trata por tanto de un fallo final de aplicación nacional, sino que la decisión del Alto Tribunal implica retrotraerse a otra sentencia de enero de una corte federal de menor instancia, en virtud de la cual los médicos pueden practicar abortos para proteger la salud de la madre.
La ley de Idaho es una de las más restrictivas de Estados Unidos en materia de aborto. Castiga con penas de hasta cinco años de prisión a quienes realicen dicha práctica, con la única excepción de que la vida de la mujer gestante corra peligro, lo que aboca a muchas de ellas a esperar días o trasladarse a otro estado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado el pronunciamiento del Supremo, con un comunicado en el que ha señalado que «ninguna mujer debería ver negada la asistencia, tener que esperar hasta estar cerca de la muerte o escapar de su estado sólo para recibir la atención médica que necesita».
Biden ha señalado que «esto es exactamente lo que está ocurriendo en algunos estados» desde que el Tribunal Supremo, controlado por magistrados conservadores, revirtió en 2022 el histórico fallo que consagraba el aborto como un derecho a nivel federal.
El presidente ha denunciado en este sentido la «agenda extrema y peligrosa» de los republicanos en esta materia y ha prometido que su Gobierno defenderá los derechos de las mujeres. «Seguiremos luchando para restaurar las protecciones de ‘Roe versus Wade’ en una ley federal», ha subrayado, aunque para ello necesita de la colaboración del Congreso.