MADRID. El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha abierto este domingo una investigación sobre si el propietario de X (Twitter) y director de Tesla, Elon Musk, ha cometido delitos de obstrucción a la justicia e incitación al delito, subrayando que las redes sociales «no son tierra sin ley» y deben respetar la jurisdicción brasileña.
Moraes ha indicado que el multimillonario «inició una campaña de desinformación» y que X está cometiendo abuso de poder económico para «influir ilegalmente en la opinión pública». Además, Musk ha sido incluido en una investigación criminal sobre actos antidemocráticos de las llamadas ‘milicias digitales’, según ha informado el portal de noticias UOL.
«La flagrante conducta de obstrucción de la Justicia brasileña, la incitación al delito, la amenaza pública de desobediencia a órdenes judiciales y la futura falta de cooperación de la plataforma son hechos que irrespetan la soberanía de Brasil y refuerzan la conexión de la instrumentalización criminal intencional de las actividades de ex-Twitter, actual ‘X’, como las prácticas ilícitas investigadas por las distintas investigaciones mencionada anteriormente, y debería ser objeto de investigación por parte de la Policía Federal», reza el escrito.
Esto se produce después de que el propietario de la red social dijera que desafiaría las órdenes judiciales y levantaría las restricciones impuestas a algunas cuentas de la plataforma en Brasil, mientras que ha atacado al magistrado en varias de sus publicaciones, pidiendo su destitución.
«Próximamente, X publicará todo lo solicitado por Alexandre y cómo esas solicitudes violan la ley brasileña. Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser sometido a un juicio político. Vergüenza», ha manifestado Musk.
En la víspera, la compañía indicó que se había visto «obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil», desconociendo «los motivos por los que se emitieron esas órdenes» y las publicaciones «que supuestamente violan la ley».
«Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez dictó la orden, ni con qué fundamento. Tenemos prohibido decir qué cuentas se ven afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos. Creemos que dichas órdenes no están bajo el amparo del marco civil de Internet o la Constitución de Brasil, y las impugnamos legalmente», indicó.
Por último, la empresa manifestó que «el pueblo de Brasil, independientemente de sus creencias políticas, tiene derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a la transparencia de sus propias autoridades».
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma