Lo urgente versus lo importante, versus lo que deja
En la semana, estimada y estimado lector, tuve la oportunidad de compartir el pan y la sal con un paisano zacatecano que vive y labora en la Ciudad de México, pero que afortunadamente no se ha despegado del terruño. En la tertulia, hablamos de circunstancias alrededor de nuestros trabajos.
En un punto de la conversación, le expresé que abril era particularmente pesado por la alta demanda de trámites y servicios que vivíamos en mi labor como servidor público; de esa consideración le hablé sobre algunas características de los ingresos tributarios y bla, bla, bla. Esa parte de la conversación me llevó a expresar una idea: “hay mucho trabajo de la gente en la recaudación para que se malgaste”.
Y a partir de esa idea, surgió la necesidad de escribir esta colaboración. Y lo hago así porque en la conversación, creo haber expuesto un par de argumentos de por qué los gobiernos -cualesquiera- cada vez tienen que ser mucho más sensatos y efectivos en el uso de los recursos públicos.
En los últimos años hemos sido testigos de una serie de determinaciones de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo (presidentes, gobernadores, alcaldes) respecto de qué hacer con determinado recurso público, sobre todo en el marco de enfocar las baterías en proyectos de infraestructura u obras públicas.
Ese recurso público no cae a manos llenas; hay detrás toda una política, compleja, nada sencilla, que implica que quienes ejercen el gobierno dimensionen algo: “Actualmente, muchos gobiernos locales de países en desarrollo enfrentan la tarea casi imposible de financiar infraestructura y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las crecientes poblaciones urbanas, al mismo tiempo que miran hacia el futuro.
“Las inversiones de capital no son posibles por razones financieras. La gestión financiera local frecuentemente sufre de falta de infraestructura y capacidad tecnológicas, y las oportunidades de generación de ingresos a menudo se ven restringidas por marcos regulatorios inadecuados o estructuras políticas desventajosas.
“El retraso en el gasto del sector público requiere un costo para la eficiencia urbana y la actividad económica local, creando un círculo vicioso de déficit presupuestario, asfixiando condiciones y creando estancamiento económico”. (The Challenge of Local Government Financing in Developing Countries, 2015, traducción propia). El recurso público es muy limitado en relación a las necesidades actuales y futuras, y su mala utilización actual acarreará complicaciones en el mediano y largo plazos para corregir el rumbo.
Esto implica que, como en cualquier familia que tiene carencias severas y no tiene recursos excedentes o goza de una situación económica holgada, se cuide el dinero. Punto. Y eso conlleva a una revisión exhaustiva de una serie de circunstancias que implican el ejercicio de dinero público en favor de determinadas obras o proyectos de infraestructura, entre ellos, los vinculados con la movilidad.
¿Por qué le hablo de esto? Porque llega un punto de una decisión pública, en la que se tiene que elegir un proyecto de infraestructura sobre otro que involucrará grandes montos de recursos financieros, mismos que obviamente no se aplicarán en otras obras.
Discriminar un proyecto y favorecer otro implicaría un análisis altamente científico, transparente y socializado para entender los por qué de determinadas decisiones.
Esas decisiones, en teoría, en primer lugar, tendrían que sopesar aquello urgente de lo importante, porque por ejemplo, puede ser que sea urgente rehabilitar un camino, pero puede no significar que sea importante para una dinámica económica regional o porque incide en un gran uso de esa vía de comunicación.
En cambio, puede ser muy importante crear un puente o generar una distribución vial, pero no urgente, entendiendo los tiempos que se viven, la proyección del uso y el beneficio colectivo.
Sin embargo, si la decisión va sobre lo que deja, pensando en proyectos de infraestructura que a la postre pueden constituirse como una veta de ejercicio de gasto que pueda tener un tufo de “beneficio de grupo” o “vil tranza”, se buscará justificar tal o cual decisión con argumentillos estériles y omisiones informativas.
El ejercicio de gobierno está cada vez más abierto al escrutinio público. Pero mientras la ciudadanía sea débil, esa revisión pública será un día de campo para los corruptos, irresponsables y perezosos.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
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