MÉXICO. El crimen organizado intervendrá, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024, advierte un estudio de la consultoría Integralia.
Las razones: una gran cantidad de grupos criminales están en conflicto armado; existe una proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico; y mil 802 presidencias municipales en juego. Aunque en el 2021 fueron mil 923.
De acuerdo con la investigación de la consultoría, los estados que concentran un riesgo muy alto son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.
Mientras que en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz, el peligro es considerado alto.
En 2018, los cargos que estuvieron en juego fueron 18 mil 299, entre Presidencia de la República, Congreso, Alcaldías, regidurías y sindicaturas, pero ahora la disputa son 20 mil 735 cargos.
En ese lapso, de acuerdo con Data Cívica, las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235.7 por ciento. Tan sólo en lo que va del 2024, Integralia ha contabilizado 32 víctimas, que eran personajes políticos, de las cuales siete son aspirantes asesinados.
A excepción del PT, todos los partidos han sufrido un deceso.
El crimen organizado, considera la consultora, se hace presente en cinco variables.
La primera de ellas es a través de la violencia política, es decir, con amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o eliminarlos.
También a través del financiamiento de campañas, imponiendo candidatos y, durante el proceso, movilizando o inhibiendo el voto, a través de la entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población.
Se alerta que el día de la jornada electoral podrían intervenir en casillas con acciones violentas, como destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral.
«Los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos, como la colaboración de policías para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales.
«La captura de los gobiernos municipales puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones», indica la consultoría.
Los expertos de Integralia consideran que el crimen organizado se interesa en municipios que pueden ser muy rentables, por lo que necesitan cooptar gobiernos para inclinar la balanza a su favor.
Su ventaja es que se enfrentan a un Estado de Derecho débil, por lo que la elección es momento ideal para garantizar continuidad o cambiar a autoridades locales.
«Intervienen en procesos en donde sus candidatos se encuentran en riesgo de perder la elección», añade el estudio.
En Jalisco, ejemplifica, opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se calcula que mantiene el control de aproximadamente 80 por ciento de los municipios de la entidad.
Mientras que en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, esa agrupación criminal mantiene disputas con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa Lima.
«Dicha organización aprovechará las elecciones municipales para mantener su hegemonía en la zona central de la entidad e imponerse en las fronteras», considera.
Para Integralia, las autoridades, en coordinación, deben desalentar la intervención del crimen organizado en las elecciones.
«Para esto, se requiere flexibilizar la carga de la prueba de anulación de elecciones, de tal forma que todo indicio de intervención del crimen, en cualquiera de sus modalidades, derive en una investigación de oficio de las autoridades electorales que sirva de prueba para anular el proceso antes o después de la elección», agrega.
Érika Hernández
Agencia Reforma