CIUDAD DE MÉXICO. El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de corrupción terminó ayer tras una orden judicial de que siga el proceso penal en su casa.
Lozoya acusó ante la FGR a ex Presidentes, líderes partidistas y legisladores de la Oposición de recibir sobornos como parte de su alegato para justificar que el dinero indebido que tenía fue para pagar votos de políticos en la aprobación de la ley energética del gobierno de Enrique Peña.
El espectáculo de sus comparecencias y detención terminó ayer con el consentimiento de un Tribunal de que siga en su casa el proceso.
Pero ni las acusaciones en su contra por corrupción ni sus dichos sobre los políticos han tenido consecuencias penales.
Después de dos años con tres meses y 17 días, el ex director de Pemex abandonó el Reclusorio Norte ayer a las 19:39 horas. Lozoya podrá seguir en libertad su proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho tras haber sido apresado en noviembre del 2021.
La resolución judicial consideró que ya no hay riesgo de que Lozoya pueda darse a la fuga.
Ahora sólo deberá usar un brazalete electrónico, no podrá salir del País y deberá presentarse periódicamente a firmar.
En el Caso Odebrecht, la FGR acusó a Lozoya de haber recibido sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares, a través de un entramado de empresas off shore, a cambio de los contratos de obra de la Refinería de Tula, Hidalgo.
El 11 de agosto de 2020 Lozoya denunció que ese dinero habría sido para financiar la campaña Presidencial de Enrique Peña en el 2012, a cambio de que una vez en el gobierno fueran beneficiados precisamente con contratos de Pemex.
También acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, de participar en hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional.
La acusación de Lozoya aseguraba que el dinero de Odebrecht se usó para pagar sobornos a líderes y senadores del PAN y PRI para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, en el marco del Pacto por México.
Estos dichos del acusado, sin embargo, fueron puestos sobre la mesa a cambio de que la FGR le concediera al ex funcionario y su familia la inmunidad penal, un beneficio que al final no le otorgaron.
El año pasado un juez ya le había cancelado a Lozoya otro proceso por el Caso Agronitrogenados, al considerar que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya estaba pagando la reparación del daño por la compraventa ilícita de la planta de fertilizantes.
Y en 2022 Lozoya pagó 2.6 millones de pesos a Hacienda por los impuestos que adeudaba en 2016, para que le cancelaran el proceso por defraudación fiscal.
La FGR reclamó la decisión judicial y dijo que Lozoya recibía «privilegios injustos, inequitativos y parciales». Anunció que presentará un recurso de revisión.