Ciudad de México.- A cuatro meses de las elecciones, AMLO va por el Plan “E”. Ayer anunció que intentará cerrar su gobierno con un paquete de reformas legislativas que requieren de mayoría calificada en el Congreso que por ahora no tiene.
Dicha mayoría la podría obtener si Morena y sus aliados no sólo ganan la elección presidencial sino los comicios legislativos a realizarse en junio.
La nueva Legislatura asumirá sus funciones en septiembre por lo que el presidente podrá presionar para su aprobación en ese período de sesiones y antes de que concluya su mandato en el mes de octubre. Con ello consumaría el paquete de cambios que se propuso y heredaría a su sucesora o sucesor.
El mandatario presentará el 5 de febrero, propuestas de cambios al Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces en urnas y una iniciativa electoral para cambiar al INE y desaparecer plurinominales. A esto le ha denominado Plan “C”.
López Obrador informó que también propondrá modificaciones en materia de bienestar, salarios y pensiones, a fin de incrementar las jubilaciones con cargo al sector privado, pero también al presupuesto público. Su propósito, dijo, es enmendar a las Afores que prevalecen actualmente.
Asimismo, una iniciativa para reactivar el funcionamiento de trenes de pasajeros en vías concesionadas para transporte de carga.
Aunque reiteradamente había dicho que enviaría estas propuestas en septiembre de 2024, después de las elecciones, AMLO decidió adelantarlas para febrero, mes previo del inicio de la campaña electoral para renovar Congreso y elegir presidente, por lo que se convertirán en debate electoral.
Dado que ahora no podrían aprobarse las iniciativas presidenciales, serán materia de propaganda para promover el voto por la mayoría legislativa calificada a decidirse en junio próximo.
El presidente adelantó que expondrá las iniciativas en Palacio Nacional, por lo que no acudirá a la ceremonia que se realiza todos los años en el Teatro de la República, en Querétaro, donde hubiera podido encontrarse de nuevo con la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña.