CIUDAD DE MÉXICO. Un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia, sin debate entre las partes, para determinar si un grupo de 8 militares debe o no llevar en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada en el Caso Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió a los acusados una suspensión definitiva que obliga a la juez de la causa a revisar la prisión preventiva oficiosa, dictada el pasado 22 de junio.
A propuesta del magistrado Horacio Hernández Orozco, el colegiado modificó los términos de la suspensión concedida el pasado 11 de agosto por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Amparo de esta capital, en la cual se instruyó celebrar una audiencia para debatir la medida cautelar e imponerles una distinta a la prisión preventiva de oficio.
El magistrado puntualizó que el debate ya se había llevado a cabo desde la audiencia de junio pasado y que era indebido que se hubiese repetido en una segunda diligencia, pues una nueva discusión de los argumentos de las partes abre la oportunidad de que se varíen los hechos que son reclamados en la demanda de amparo.
«Ordenar un nuevo debate implicaría desconocer cómo está probado el acto reclamado (la prisión preventiva de oficio) y variar el contenido del propio acto reclamado, por lo cual ya no se conservaría la materia del juicio de amparo en lo principal», dijo el magistrado.
Con este fallo, Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, llevará a cabo la nueva diligencia en la que dictará medidas cautelares distintas a la prisión de oficio.
Si bien puede dictar una serie de medidas para que los procesados lleven el juicio en libertad, la juzgadora también tiene la posibilidad de dictar la prisión preventiva justificada.
Los militares a quienes les revisarán la medida cautelar son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
Todos ellos son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Los ocho elementos castrenses se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, una semana después de que se ordenaran sus capturas, y desde entonces permanecen presos en la Prisión del Campo Militar Número 1.
La acusación contra los militares tiene como punto de partida los dichos del testigo protegido «Juan», quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
