CDMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hoy la discrecionalidad de los Gobernadores para reducir o ampliar partidas presupuestales, usar ingresos excedentes en sus proyectos preferidos, y hacer transferencias entre las dependencias.
Por amplias mayorías, el Pleno de la Corte invalidó cinco artículos de la Ley de Gasto Público de Tamaulipas, aprobados en fast track por la mayoría panista del Congreso local en septiembre de 2021.
Dicha reforma derivó de una iniciativa del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y fue procesada por el Congreso en solo once días, para luego ser impugnada ante la Corte por la minoría de Morena y otros partidos.
La Corte determinó que los estados se tienen que ajustar a los parámetros que fija la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas (LDFEF), vigente desde 2016, que busca evitar el endeudamiento sin control y el uso discrecional de recursos por parte de los gobernadores.
Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la LDFEF, expedida a raíz del llamado Moreirazo, el escándalo por el fraude con deuda pública en Coahuila en tiempos del Gobernador Humberto Moreira.
Dos artículos anulados de la ley de Tamaulipas, facultaban a la Secretaría de Finanzas estatal para aplicar ampliaciones o reducciones presupuestarias sin restricción alguna.
Otros dos artículos, en tanto, permitían usar excedentes en «programas prioritarios» y hacer transferencias entre dependencias, también sin restricciones para el Ejecutivo estatal.
El Ministro Javier Láynez, autor del proyecto, explicó que estas atribuciones abiertas contradicen la LDFEF, que claramente establece la forma en que se deben usar los excedentes y en dónde se pueden aplicar las reducciones.
Para los primeros, se ordena a los estados el pago anticipado de deuda pública, de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de pasivos circulantes y otras obligaciones, y en su caso, utilizarlos en inversión productiva creando para ello un fondo especial.
Las reducciones al presupuesto, en tanto, se tienen que hacer en gastos de comunicación social, gasto corriente que no afecte subsidios que se entregan a los ciudadanos y gasto publico en servicios personales, entre otros.
La Presidenta Norma Piña consideró que esta reforma, además, viola principios Constitucionales de certeza jurídica y de asignación de uso del presupuesto por parte del Congreso local.
Yasmín Esquivel fue la única que se pronunció por la validez total de los artículos 48 y 49 de la ley tamaulipeca, por considerar que responde al balance que deben tener los ingresos y egresos, y a la flexibilidad necesaria para las finanzas públicas.
Esta reforma solo pudo ser utilizada por García Cabeza de Vaca en 2022, el último año de su sexenio, mientras que el actual Gobernador, que ya no podrá aprovecharla, es el morenista Américo Villarreal.
