ZACATECAS. En el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil hay 111 adolescentes y los delitos de mayor incidencia son federales. Sin embargo, se han detectado menores que fueron reclutados forzadamente por grupos criminales.
Entre los ilícitos destacan portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro y contra la salud. “También delitos del fuero común graves, como abuso sexual, violación y secuestro”, informó Ruth Lucio Sánchez, magistrada del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes.
Del total de la población en el centro de internamiento, 93 son hombres y 18 mujeres; de estos, 54 ya fueron sentenciados, 28 se encuentran en proceso y 29 lo están por cometer un delito federal.
Lucio Sánchez advirtió que el involucramiento de los jóvenes con grupos del crimen organizado “es muy común, pues las personas que son procesadas o vinculadas es por su pertenencia a un grupo delictivo”.
Sin embargo y aunque hay quienes delinquen por voluntad propia, reconoció que se tienen detectados menores que fueron forzados a trabajar para el crimen organizado, “son jóvenes no originarios del estado, reclutados en diversos puntos del país”, principalmente Estado de México y Durango.
Engañados
La magistrada explicó que cuentan con testimonios de jóvenes que aseguran que fueron engañados mediante los trabajos que realizaban en sus lugares de origen.
“Había un joven mecánico y le piden hacer un trabajo, ahí viene el proceso de privación [ilegal de la libertad] . Los trasladan de su lugar, esta persona era del Estado de México”, ejemplificó.
Al muchacho lo llevaron a Puerto Vallarta, Jalisco, “ahí le enseñaron algunas técnicas de combate, de defensa personal, manejo de armas y luego vienen otras fases”. Los delincuentes les prohíben a los jóvenes tener contacto con sus familiares y amigos, por lo que no pueden pedir auxilio.
“Tras el periodo de adiestramiento los incorporan a una plaza, en este caso Zacatecas, los fuerzan a prestar sus servicios en los grupos delincuenciales”. Esta víctima logró dar su ubicación a su madre y así “fue posible dar con su paradero”.
Ruth Lucio alertó de que éste es uno de los modos de operar de los grupos delincuenciales y se replica en varias partes del país.
Aclaró que, en términos legales, al ser una víctima que demostró el deseo de no participar en actos delincuenciales, no se abre un proceso legal. “No sabemos cómo se dio su reclutamiento, los encontramos con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército o son vigías en casa de seguridad o intervienen en secuestro u homicidio, se les da el carácter de imputado”.
Otros involucrados en hechos delictivos prefieren guardar silencio, dado que cuentan con el derecho de no autoinculparse, “por eso la versión que tenemos [en el juzgado] es de jóvenes que no aceptaron esa condición”.
Reintegración
Con respecto a las penas que alcanzan los adolescentes, la magistrada especializada precisó que la máxima es de cinco años.
Agregó que quienes están en las filas del crimen organizado tienen entre 15 y 18 años y que “es cierto que también hay captación de adolescentes en etnias indígenas, se ha vuelto común”. Sin embargo, mencionó que el problema no exclusivo de una etnia, grupo etario o social.
En cuanto a la reintegración social, Lucio Sánchez expuso: “se hace el trabajo con las herramientas que se tienen al alcance, sin soslayar las áreas de oportunidad que podemos tener y tratamiento a los adolescentes. Se considera que se cumplen las exigencias legales desde el momento que se interna un adolescente”.
Primeros lugares
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, el año pasado se registraron 113 expedientes abiertos por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que involucran a adolescentes.
Estas cifras colocan a la entidad en la posición 11 debido a que registró más cantidad de este tipo de casos. Sin embargo, en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Zacatecas es la quinta con más menores de edad como presuntos responsables de delitos durante el periodo 2019-2022.
Según datos de la FGR, en el estado se reportaron 124 casos, solo por debajo de los 249 de Baja California, los 211 de Michoacán, 160 en Chihuahua y 130 en Jalisco, durante el periodo mencionado.