ZACATECAS. Geovanna Bañuelos exhorta a la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas para que en el próximo presupuesto de egresos de la entidad se aumenten los recursos destinados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas de Zacatecas, para su correcto funcionamiento, para la investigación de los delitos, búsqueda de personas y acompañamiento a los familiares de las víctimas.
“Ante la crisis de desaparición de personas que provoca sufrimiento inigualable a miles de familias por la ausencia de sus seres queridos, es imperante que la Secretaría General de Gobierno del Estado, entable una mesa de diálogo continuo y permanente con los colectivos de personas buscadoras, para garantizar la adecuada búsqueda de personas con la finalidad de establecer las medidas de satisfacción y garantías de no repetición”, afirma Geovanna Bañuelos.
En el país, desde el 1 de enero de 1962 al 4 de septiembre de 2023, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 111 mil 234 personas están desaparecidas y no localizadas, de las cuales 97 mil 800 están desaparecidas y 13 mil 464 están sin localizar.
“En Zacatecas, mi estado, tenemos un registro de 3 mil 558 personas desaparecidas. Por tal motivo, como zacatecana, expreso toda mi solidaridad con los familiares de las personas de desaparecidos. Es menester generar mecanismos que permitan una perspectiva integral de la realidad actual. Se debe luchar no solo contra la desaparición forzada de personas, sino contra la impunidad y contra el olvido” explicó Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado.
De igual forma, la legisladora por Zacatecas, solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas de Zacatecas y a la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, redoblar esfuerzos para atender bajo los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas y utilizar todos los recursos humanos, materiales y económicos para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia del Senado de la República.