ZACATECAS. La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) presentó la iniciativa de Ley en Salud Mental ante la Coordinación Jurídica de gobierno del estado, con la que se pretende atender las principales necesidades en la entidad como suicidios, consumo de sustancias y padecimientos en la materia.
Iván Torres Cuevas, titular del departamento en Salud Mental, Prevención y Control de Adicciones de la SSZ, explicó que con esta ley se pretende ampliar la red de atención en salud mental y adicciones a nivel estatal, al unificar criterios en los sectores público y privado para la detección de padecimientos.
“Por medio de un mecanismo único de detección de depresión y ansiedad, consumo de sustancias e ideación suicida, asimismo se unificarán los tratamientos”, agregó.
Otro aspecto importante es la profesionalización del personal, ya que un psicólogo capacitado podrá detectar adicciones, trastornos mentales e ideación suicida; en caso de que sea un caso de gravedad, se tienen los mecanismos de atención para un segundo nivel, es decir en el Centro Integral de Salud Mental (Cisame).
Tras olvidar la salud mental por más de 60 años, el especialista aseguró que con esta ley se “trató de hacer un traje a la medida para los zacatecanos de acuerdo con nuestras problemáticas, por ello se basa en depresión, ansiedad, consumo de sustancias e ideación suicida que son nuestros cuatro principales motivos de consulta en nuestras unidades”, enfatizó.
Esta atención, aseguró, se brindará con perspectiva de género y principalmente se enfoca en los jóvenes, al ser el sector poblacional de mayor incidencia.
Explicó que registraron un incremento en los suicidios, de 148 casos en los últimos cinco años, hasta el cierre de 2022. Además, en el consumo de sustancias continúan el alcohol y tabaco en primer lugar, seguido de marihuana y cristal.
Centros de rehabilitación
El funcionario destacó que está ley también permitirá la intervención en los centros de rehabilitación en el tratamiento de adicciones, debido a que se regían bajo la norma 028; sin embargo, se incluyó con el objetivo de que intervengan de manera adecuada con apego a derechos humanos y tratamientos validados.
Para la aplicación de la ley, Torres Cuevas explicó que a nivel federal se tiene un recurso etiquetado de 2 a 3 millones de pesos, pero también realizan un análisis a nivel local para designar mayor recurso.
Destacó que al entregar una ley actualizada y completa, se prevé que este mismo año sea aprobada por el Poder Legislativo.
