CD. DEL CARMEN. El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento administrativo en contra de funcionarios que en 2019 asignaron un contrato de mil 37.5 millones de pesos para arrendamiento vehicular.
El contrato, de acuerdo con el Informe Previo de Gestión y Resultados del OIC enero-junio 2023, se otorgó de manera irregular debido a que dio un puntaje indebido a la empresa beneficiada al momento de ser evaluada.
La determinación de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa se tomó luego de que, tras cuatro años de litigio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que efectivamente la asignación del contrato se dio en forma indebida.
En marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE emitió una convocatoria para el arrendamiento de vehículos para el periodo 2019-2022.
Tras llevar a cabo el proceso de licitación otorgó el contrato, por mil 37.5 millones de pesos, a la empresa Lumo Financiera del Centro.
Sin embargo, otros licitantes se inconformaron y el OIC determinó declarar nulo el fallo debido a que se habían otorgado puntos a la empresa ganadora considerándola como mediana cuando en realidad era grande.
La Dirección Ejecutiva de Administración del INE repuso el procedimiento, corrigió la calificación otorgada a Lumo, pero volvió a otorgarle el contrato.
Esto motivó nuevas inconformidades de otros participantes y los litigios en los tribunales se alargaron hasta enero pasado.
«(El) 20 de junio de 2023 se inició procedimiento en contra de los servidores públicos que participaron en el procedimiento de licitación indebido, en la interposición de la demanda de nulidad de la resolución del OIC y celebración del convenio modificatorio para ampliar la vigencia del contrato con la empresa originalmente ganadora hasta diciembre de 2023», indica el documento.
