El Departamento de Justicia solicitó la intervención de la jueza federal que lleva el caso penal contra Donald Trump en Washington, luego que el exmandatario publicó un mensaje en su red social en que aparentemente promete vengarse de quienes han ido tras él.
Los fiscales pidieron el viernes a la jueza federal de distrito Tanya Chutkan que emita una orden de protección para las pruebas en el caso, un día después que Trump se declarara inocente de los cargos de haber intentado anular su derrota electoral de 2020 e impedir la transición pacífica del poder.
La orden —distinta a una “orden mordaza”— restringiría a Trump y su equipo jurídico el tipo de información que podrían compartir en público sobre el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith.
Chutkan dio este sábado al equipo jurídico de Trump hasta las 5:00 de la tarde del lunes para que responda a la solicitud del gobierno. El equipo de Trump, que ha señalado que el exmandatario buscará lentificar el caso ante el compromiso de los fiscales de un juicio veloz, solicitó después que le ampliaran hasta el jueves el plazo para responder y la realización de una audiencia porque necesita más tiempo para examinar el asunto.
Este sábado en la noche, Chutkan rechazó la solicitud de una prórroga y reiteró que Trump debe acatar la fecha límite fijada para el lunes.
Las órdenes de protección son comunes en los juicios penales, pero los fiscales dijeron que la medida es “de importancia particular en este caso” porque Trump ha difundido en su red social expresiones sobre los “testigos, jueces, fiscales y otros asociados a asuntos jurídicos pendientes contra él”.
Los fiscales señalaron específicamente un texto de Trump en su plataforma Thruth Social publicado el viernes en que el exmandatario escribió todo con mayúsculas: “¡Si ustedes van tras de mí, yo iré tras ustedes!”
Los fiscales dijeron estar dispuestos a entregar al equipo jurídico de Trump una cantidad “importante” de pruebas, “gran parte de las cuales incluyen información delicada y confidencial”.
Dijeron a la jueza que si Trump comenzaba a difundir en su red social transcripciones del jurado investigador u otras pruebas proporcionadas por el Departamento de Justicia, eso podría tener un “efecto perjudicial amedrentador sobre los testigos o afectar adversamente la administración imparcial de la justicia en este caso”.
La orden de protección solicitada por los fiscales busca impedir que Trump y sus abogados revelen el contenido de materiales suministrados por el gobierno a otras personas que no sean su equipo jurídico, posibles testigos, los abogados de los testigos u otras partes autorizadas por la corte.
Impondría límites estrictos a los “materiales delicados”, como los dichos de los testigos, el jurado investigador y los materiales obtenidos mediante órdenes judiciales de cateo precintadas.
El Financiero