El fiscal Francisco Murillo Ruiseco denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Alejandro Rivera Nieto, José Francisco Martínez Gutiérrez y quien resulte responsable por sabotaje, conspiración, sedición, acceso ilícito a sistemas de informática y revelación de secretos.
Tras dos meses de protestas de trabajadores por aumento salarial, Murillo Ruiseco explicó que con la toma de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y los bloqueos en las vialidades se cometieron alguno o más delitos “que atentan contra la seguridad de la nación”.
Por ello, este lunes se decidió interponer la denuncia ante la FGR en contra de los representantes de los inconformes, como un “bien jurídico primordial para el funcionamiento de la seguridad pública”.
El fiscal detalló que las sanciones pudieran ser con base en el Código Penal Federal y las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de Víctimas, de Salud, de Protección de Datos Personales y de Transparencia, así como la Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La procuración de justicia “se está viendo gravemente afectada”, advirtió el fiscal. Aseguró que se respeta el derecho a manifestarse, siempre y cuando no se afecte a terceros, pues las protestas han impactado en las acciones para mantener “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
Francisco Murillo reconoció que la exigencia de incrementos salariales es justa, pero que hay límites que ya se sobrepasaron, con la desatención a delitos de alto impacto y todo el catálogo de los que competen a la fiscalía a su cargo. “Estamos trabajando de forma muy reducida, limitada”, recalcó.
Será el Ministerio Público federal quien determinará si los datos de prueba presentados y los que se recaben son suficientes para acreditar los delitos y proceder conforme a la ley.
Manifestantes son removidos
Luego de que la Coordinación General Jurídica del gobierno del estado denunciara ante la FGJE el bloqueo de vías de comunicación, el personal de la fiscalía obtuvo un amparo para evitar ser acusados por delitos relacionados a las manifestaciones. Sin embargo, fueron removidos de la vía pública.
Durante la madrugada, los inconformes exhibieron en redes sociales la movilización de decenas de elementos de Seguridad Vial y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para retirar las tomas en las avenidas y, aunque al principio hubo tensión, el desalojo se efectuó sin confrontaciones.
No pasaron más de cinco horas de que las autoridades lograron desbloquear, cuando los trabajadores volvieron a impedir el paso en la avenida Solidaridad, cerca del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF).
Los manifestantes obstruyeron la vía un par de horas, rodeados de personal antimotín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Más tarde y pese a mostrar el amparo, fueron retirados aproximadamente a las 3 de la tarde.
Agentes de vialidad comenzaron a subir los autos de los empleados de la FGJE a las grúas. Después de varios minutos, la situación se tensó, pero finalmente los inconformes cedieron a las peticiones de los oficiales y decidieron continuar su protesta a las afueras del IZCF y de la fiscalía.
Afirmaron que evitarán causar molestias a terceros en lo posible, por lo que adelantaron que no hay intenciones de bloquear más vías de comunicación. Sin embargo, anunciaron que no levantarán el paro en la FGJE hasta tener soluciones, pues no se han presentado nuevas propuestas de las autoridades.
