ZACATECAS. Organizaciones de defensa de las mujeres y colectivos de familias de personas desaparecidas exigieron a las autoridades que se solucione el conflicto en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pues advirtieron afectaciones a víctimas.
A través de un comunicado, la Red Plural de Mujeres en Zacatecas demandó la atención inmediata del gobernador David Monreal Ávila y la Secretaría de Finanzas (Sefin), encabezada por Ricardo Olivares Sánchez, para dar viabilidad financiera a la FGJE.
En el documento, firmado por 12 organizaciones y defensoras de las mujeres, se califica de “letal la combinación del evidente aumento en la comisión de delitos y la disminución de la capacidad institucional por la falta de personal, de vehículos, de insumos y de condiciones laborales”.
Argumentaron que el conflicto en la fiscalía “abre la posibilidad de ahondar problemas como la impunidad en la que se encuentran muchos delitos”, sobre todo en casos como los de las víctimas que ya enfrentaban complicaciones y “hoy acuden y las instalaciones están cerradas”.
Esto representa mayores dificultades para presentar denuncias y para realizar pruebas periciales, “algunas de las cuales no pueden esperar, como las de violencia sexual”. Además, la falta de acceso a documentos deja en indefensión a quienes buscan justicia.
Las organizaciones civiles reconocieron que la FGJE “ha hecho un esfuerzo por continuar la prestación de servicios”; sin embargo, sí hay afectaciones a la población y, de manera diferenciada, a mujeres e infantes.
Agregaron que esta institución recibe un presupuesto insuficiente, por lo que respaldaron la exigencia de un aumento salarial a sus trabajadores y de que se garanticen insumos y equipo necesario en beneficio de las víctimas.
A Monreal Ávila le pidieron que “deje de condicionarse la atención a la problemática y de descalificar al movimiento, llamándole politiquería al ejercicio del derecho humano de la defensa del empleo y salario digno”.
Problemas en búsquedas
Elizabeth Araiza, integrante de Buscadoras Zacatecas, afirmó que no se les ha permitido realizar búsquedas en campo y también se tienen problemas para difundir las fichas de desaparición oficiales.
Recordó que el colectivo pegaba cédulas en las calles y para esto se tenía el acompañamiento de elementos de la Policía de Investigación, de la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales, “pero en este momento no se cuenta con ese apoyo y por tal motivo se detuvo la difusión”.
Aunque el personal asegura que se mantiene la atención, Araiza cuestionó sobre si la fiscalía cumple lo que le corresponde en las circunstancias en las que se encuentra, con la toma de instalaciones en la capital y los distritos por parte de empleados que exigen un aumento salarial.
“Es contradictorio que digan se continúa trabajando, pero no permitan a familiares de víctimas que difundan información de sus parientes desaparecidos porque no quieren trabajar”, reprochó.
Angélica, otra buscadora, recalcó que ante la gravedad del problema de la desaparición de personas, las familias organizadas esperan que pronto se resuelva el conflicto en la FGJE. “Nos está afectando muchísimo, no hay quién nos atienda en Fiscalía ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) y se está atrasando todo”, puntualizó.
Capacidad disminuida
Fátima Encina Arroyo, fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres, afirmó que está disminuida la capacidad de atender integralmente a víctimas, a pesar de no detener operaciones y de que se usan oficinas alternas de la Secretaría de la Mujer (Semujer).
La intención es mantener las atenciones legales y psicológicas, así como garantizar la continuidad de las audiencias programadas. Por ello, llamó a lograr una pronta solución al conflicto y poder reanudar actividades a la brevedad posible.
Por otra parte, trabajadores de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Cometida por Particulares insistieron en que no se han detenido las labores, aunque las realizan bajo protesta y mediante guardias.
Aseguraron que la mayoría del personal está de acuerdo con la manifestación, pero que eso no significa que pararan actividades. El movimiento, subrayaron, también busca beneficio para las víctimas, de obtenerse mejoras en la FGJE.
Promesa de diálogo
De acuerdo con información difundida en redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, se reunieron con trabajadores de la FGJE para reiterarles su disposición al diálogo, a fin de instalar la mesa de análisis y revisión de sus salarios.
Aclararon que dicha mesa se realizará siempre y cuando los manifestantes liberen por completo todos los inmuebles que mantienen bloqueados.
Los inconformes reconocieron la apertura al diálogo y realizarán algunas consultas para determinar si liberan o no los edificios de la dependencia.
Con información de Saúl Ortega y Ángel Lara