ZACATECAS. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Zacatecas afirmó que no es posible lograr la pacificación de Zacatecas y el país minando las instituciones de justicia.
Puntualizó que a unas horas de la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), correspondiente al segundo trimestre de 2023, manifiestan públicamente la preocupación por las expresiones de quienes tienen el encargo de encabezar posiciones en los gobiernos estatal y municipales.
Mediante un comunicado, la Confederación señala que su lucha histórica ha sido en mayor medida por tener instituciones con fondo ciudadano que garanticen derechos humanos y que, por ende, constituyan un obstáculo para el abuso del poder.
Que la observancia de los derechos y sus garantías nunca será un estorbo para la justicia, sino su materialización.
La función jurisdiccional, expone, es parte del sistema de justicia, no su único componente. Además indicó que para que el sistema de justicia sea funcional, atienda las necesidades colectivas y dé los resultados que exigimos, deben existir condiciones adecuadas para todos sus componentes (policías, Ministerio Público, jueces, tribunales, prevención social de las violencias y delincuencia).
El gasto público de seguridad implica, entre otros rubros y como se propuso antes, presupuestos estratégicos para el sistema de justicia.
La evaluación de la justicia tiene diversos componentes, como lo son los resultados que presenta el Inegi obtenidos con metodologías verificadas.
Con la publicación de los resultados de su estudio, el INEGI no expresa “que no se esté haciendo nada” o desconociendo la baja cuantitativa de homicidios; solo dice lo que las personas percibimos.
“Con lo dicho por diversas autoridades locales y municipales no desestiman al Inegi, sino lo que perciben y sienten quienes habitamos en Zacatecas. Los ciudadanos no contamos los homicidios: vivimos las consecuencias de la desaparición de personas, de la orfandad de niños y niñas por fenómenos de violencia, de la migración obligada de personas dentro del territorio estatal y del cierre y migración de negocios”, enfatiza.
