ENDEUDADOS Y AFECTADOS
Como si no tuvieran suficiente con los trágicos números que se arrastran en turismo, sacudió al gremio el ataque a dos vehículos de recorridos para visitantes propiedad del empresario Roberto Rosales Pitones. Y es que, por más que se intenta “hablar bien de Zacatecas”, que la violencia azote al golpeado sector es por demás. Como si también anduviéramos requetebién en inversiones y empleo. Eso sí: se reconoce que pronto se vio la solidaridad, la atención, el apoyo… ¿De las autoridades? No precisamente, sino entre las mismas empresas. Aún no se aclaran las razones del incendio provocado, pero la vulnerabilidad que exhibió lo ocurrido este miércoles recordó al gremio en dónde se encuentra. “Nadie merece ser víctima y aquellos que comentan actos violentos deben rendir cuentas”, fue el pronunciamiento. Y así vamos de la “percepción” a la realidad. Todos en el mismo Zacatecas.
SOLAPAN EN EL
TRIBUNAL LABORAL
Ni Marla Rivera, Chuy Bautista y mucho menos Juan Carlos Flores, magistrados del Tribunal Laboral Burocrático, están preocupados por la doble función de su secretario de Acuerdos, Glafiro Esparza, quien también dirige una asociación de abogados laboristas. Alegan en el Tribunal Burocrático que este tipo tiene derecho, como todos, a la libre asociación y que lo que haga fuera del horario laboral es asunto privado. Pero no hay garantía de la imparcialidad del funcionario, pues hay billetes e intereses de por medio. A Glafiro ya le tiraron veneno desde la Nueva Gobernanza: lo acusan de hacer acuerdos con trabajadores y ex trabajadores que demandan a las instituciones públicas, desde una posición muy ventajosa. Si a Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la SSZ, lo han grillado tanto por sus funciones sindicales y Laura Bermúdez, ahora titular del Inzace, renunció a la presidencia del Colegio de Ingenieros, ¿aguantarán los magistrados los señalamientos a Glafiro? Sí es así, deben quererlo mucho… por alguna razón.
EXONERAN A
SUPUESTO AVIADOR
Un juez exoneró a Gerardo “N”, uno de los supuestos aviadores que colaboraban con Jehú Salas en la Secretaría General de Gobierno. Por esta situación, Humbelina López, secretaria de la Función Pública, podría estar armando un mitote en los próximos días. La razón es que en la defensa de Gerardo se involucró el ex magistrado Armando Ávalos. Los más venenosos de la Nueva Gobernanza advierten que hay un posible conflicto de interés que le tocaría denunciar a la propia Humbelina. Sin embargo, en el gremio de abogados también dicen que Ávalos tiene todo el derecho de litigar. Son solo dos años los que están impedidos después de dejar el cargo de magistrados y Ávalos ya los cumplió.
¿HASTA CUÁNDO?
Ayer hubo audiencia del juicio político que enfrenta la secretaria de Educación, Maribel Villalpando. Como era de esperarse, la funcionaria nunca se apareció. Envió a un pequeño equipo de abogados a tratar de componerle su ausencia del 14 de octubre, cuando no compareció. Pasan los meses y se acerca la glosa de otro informe. ¿Villalpando tampoco querrá dar la cara? Cualquiera que la reemplace en la secretaría, tarde o temprano, no necesitará esforzarse mucho para hacer un mejor trabajo. Por cierto, la diputada Violeta Cerrillo, perteneciente a la comisión instructora que lleva el proceso, llegó tarde a la reunión. No se veía muy entusiasmada con su papel de defensora.
BRONCAS EN EL DIF
Un proveedor interpuso un recurso contra Víctor Humberto de la Torre, director del DIF estatal, por una supuesta irregularidad. El director de lo Contencioso de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Función Pública, Juan Carlos Pizaña, revisaba el caso. Mientras, los ponzoñosos alegan que en el SEDIF estatal debe haber por ahí algunos enjuagues y malos manejos. Recientemente, la Función Pública no pudo comprobar presuntas corruptelas durante los últimos meses en que el enfermero Omar Acuña dirigió el SEDIF. De lo que sí observaron del quinquenio diferente fue un bono indebido que el sistema le dio a Julio Omar Pacheco, pariente de la entonces presidenta honorífica, Cristina Rodríguez.