CDMX. Ante la puesta en marcha de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), la vía legal y las instancias judiciales se tornan la última alternativa para instancias privadas de educación superior que serán excluidas de becas y estímulos, de acuerdo con la nueva normativa.
De ahí que una serie de amparos empiecen a sumarse en contra de la recién aprobada ley con la esperanza de que el Poder Judicial resuelva en favor de aquellos académicos e investigadores cuyos derechos resulten vulnerados por este recién aprobado marco legal.
«Estamos hablando de una ley que no contribuye a construir un Sistema Nacional (de Ciencia, Tecnología e Innovación), porque establece exclusiones y discriminación, a pesar de que el texto de la ley parece ser muy incluyente y muy abierto. Ese es el contexto de los amparos», apunta en entrevista el economista Bernardo González-Aréchiga, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Algunos ejemplos de este sesgo son el acceso universal a becas que promete la nueva ley, mas sólo para estudiantes en el sector público (Artículo 33). Además de que la posibilidad de ser parte del -ahora llamado- Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) no está garantizada para quienes se desempeñan en instituciones privadas (Artículo 44).
«Eso excluye a un número significativo, estamos hablando de poco más de mil 700 investigadores, que constituyen alrededor del 5 por ciento del padrón nacional (del SNII)», ilustra González-Aréchiga.
«Parece ser que en vez de discutir cómo mejoramos y apoyamos a la población, la discusión que ha venido guiando desde esta política pública es quién sí merece la consideración del Estado mexicano y quién no, siendo que la Constitución en ese sentido, a nuestro juicio, no ampara esa visión excluyente», remarca el exrector de la Universidad del Valle de México.
Así, entre los primeros amparos anunciados en contra de la denominada «Ley Buylla» están los 25 interpuestos por el colectivo Ciencia Plural Mx -que además ofrece asesorar y acompañar a quien desee presentar su propio amparo-, en colaboración con otras organizaciones, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la reforma por la cual fue expedida la nueva legislación.
Por otro lado, el movimiento denominado «Amparo colectivo por la ciencia en México» buscaba hasta hace unos días presentar un recurso de manera conjunta entre todos los que decidieran sumarse desde el portal www.amparoporlaciencia.org, bajo la guía del abogado Adolfo Solís Farías.
«La actual legislación, en contra de todo pronóstico, genera acciones involutivas que si no se controvierten y se someten al control constitucional, podrían afectar el desarrollo del País. No se trata de proteger intereses personales o de grupos, se trata de garantizar que las premisas constitucionales se hagan efectivas para proteger la ciencia, investigación e innovación», expone Solís Farías en un mensaje.
Si bien por ahora la FIMPES, que agrupa a 113 instituciones particulares de educación superior, aún no tiene una cifra de cuántos amparos se han interpuesto, quizás cabría esperar un alza a partir de la más reciente convocatoria del SNII, que establece que quienes se desempeñen en instancias particulares podrán ser reconocidos «siempre y cuando dicha institución cuente con un convenio de colaboración con el Conahcyt para tales efectos».
En otras palabras, en caso de que sus académicos sean reconocidos como miembros del SNII, deberán ser ahora las instituciones privadas las que asuman la entrega del estímulo económico correspondiente. Mismo del cual González-Aréchiga recuerda que «no es un subsidio a las universidades, es un incentivo para los investigadores».
«Lo que se está buscando es eliminar una obligación que tenía Conahcyt; es decir, que esa obligación que adquirió Conahcyt con los investigadores, no con las instituciones, ahora será asumida por un tercero. Esto es el equivalente a la imposición de un impuesto adicional», considera el secretario general de FIMPES.
«Pero más grave todavía, que no es un tema de dinero, sino de derechos humanos», insiste. «No hay ninguna razón en la Constitución que distinga entre un investigador de una universidad pública y de una universidad privada».
Ya antes, desde que se les excluyó en el reglamento del entonces SNI, numerosos investigadores adscritos a instituciones particulares tuvieron que recurrir a la vía legal; «hay más de mil amparos de investigadores en este sentido, que básicamente han sido ganados en tribunales», destaca González-Aréchiga.
«Los tribunales han dicho que esto es una violación del Artículo 1 constitucional; están violando un derecho humano de los investigadores de las universidades particulares.
«Ahora corresponde al Poder Judicial ver las distintas visiones que hay sobre la legalidad en lo que establece la norma», continúa. «Entramos con optimismo a esta nueva etapa, y tendremos en próximas fechas mayor información de cuántos amparos se presentan, cuántos investigadores buscan adherirse a esta defensa de derechos. El plazo de vencimiento es el 19 de junio, tenemos un par de semanas».
¿Será suficiente tiempo para revertir la ley?
Tiempo suficiente para los amparos, definitivamente sí existe. Este proceso va avanzando, y yo diría que va avanzando bien. Sí veo que, definitivamente, si no nos cuidamos vamos a seguir judicializando las distintas áreas del País. Yo creo que no beneficia a la ciudadanía, no beneficia al País, a largo plazo, judicializar la ciencia y la tecnología. Ojalá que este proceso de judicialización sea breve, y que a final de cuentas la conclusión de todo sea: sentémonos a construir una mejor ley donde haya mayores compromisos de todas las partes involucradas, una visión de largo plazo y un sentido de humanidad.
