CDMX. Una suspensión definitiva para que se paralice cualquier tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos del Tren Maya fue obtenida por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras, así como de la sociedad civil de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Aseguró que, tras el amparo presentado en julio del 2020 sobre a las afectaciones ambientales, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó esta suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal); 4 (Izamal-Cancún); 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal).
«De modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales».
Señaló que el juzgado de Distrito consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
Además, el juzgado retomó el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al señalar que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables.
«En ese sentido, continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso, pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable».
Por lo anterior, las organizaciones hicieron un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales.
Asimismo, solicitaron a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas.