Una jueza federal resolvió hoy que los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo 2023-2024 tendrán que ser los que pasen por todos los procesos previstos en la Ley General de Educación (LGE).
Yadira Medina Alcántara, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión definitiva en un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para impugnar los nuevos libros de texto para primero a cuarto de primaria.
La jueza no prohibió a la Secretaria de Educación Pública (SEP) imprimir estos libros, pero lo condicionó a que previamente se hubieran seguido una serie de requisitos legales que, probablemente, no podrán llenarse a tiempo para el inicio de clases en agosto, lo que obligaría a mantener los libros de texto anteriores.
«De no haberse observado las reglas en comento para la aprobación de planes, programas y libros de texto gratuitos, se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes, programas y libros», ordenó Medina.
«Esta suspensión no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía; aunado a que deberá considerar la temporalidad necesaria para la capacitación respectiva de las personas educadoras», aclaró.
La SEP puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado, pero ese recurso tomará por lo menos uno a tres meses para ser resuelto, lo que hace aún mas estrechos los tiempos para tener listos nuevos libros.
El eventual desacato a la suspensión -que se tiene que cumplir aun si es impugnada- es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel para los funcionarios responsables, pero es la FGR la que decide si se presenta una acusación.
«El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales, al ser, precisamente, un tema de importancia mayúscula y, por ende, de competencia concurrente», afirmó la jueza.
Los pasos legales a seguir, según la sentencia, son los siguientes:
-La determinación del Ejecutivo Federal de los principios rectores y objetivos de la educación inicial.
-Establecer los planes y programas de estudio para la educación básica.
-Publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa.
-Previo a su aplicación ser deberá capacitar a las personas educadoras (maestros y maestras).
-Considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los actores sociales, entre otros aspectos, para elaborar, editar, mantener actualizados y enviar los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos.
-Autorizar y fijar los lineamientos para el uso de los libros de texto «La sociedad está interesada en el cumplimiento de tales medidas, tanto en la aprobación de los planes y programas, como en la publicación y puesta a disposición de dichos libros, previamente a su edición, impresión y entrega material a los educandos; y a su vez, éstos y las personas progenitoras están interesadas en la observancia de tales lineamientos, precisamente porque con ello se garantiza, a partir de la sociedad democrática, por la intervención no solo de los titulares del Ejecutivo Federal y gobiernos de las entidades federativas, sino por las personas especializadas en materia educativa», dice la sentencia.
Cabe recordar que, en agosto 2022, la SEP publicó el nuevo Plan de Estudios para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que fue objeto de criticas por su contenido ideologizado y favorable al actual Gobierno.
La SEP buscó aplicar este plan en un programa piloto en 960 escuelas, pero dos jueces federales lo suspendieron, pues organizaciones sociales acusaron falta de capacitación a maestros y ausencia de planes específicos de estudio.
Ahora la UNPF sostiene que los nuevos libros de texto se han elaborado en secreto, sin participación de los actores del sector educativo, y sin que existan los programas de estudio respectivos.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma