JEREZ DE GARCÍA SALINAS. A más de un año de reconocer el desplazamiento forzado en las comunidades de Jerez, las autoridades no han ofrecido alguna solución para resarcir el perjuicio sufrido por las víctimas, aseguró Jairo Antonio López, docente investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
El académico explicó que el gobierno solo ha proporcionado atención de “carácter esencialista”, lo cual demuestra que se ha visto desbordado al momento de dar la asistencia adecuada a la población.
“No hay una atención integral en materia de reparación de derechos humanos que debería darse a estas poblaciones, porque son víctimas de múltiples violaciones que se han acumulado históricamente”.
Por lo anterior, asegura que el desplazamiento forzado no solo se restringe al tema de la movilidad poblacional, sino que es un fenómeno que responde a un “acumulado histórico de muchas violencias”.
El investigado destacó que cuando se presenta una migración de este tipo, por lo general las comunidades han sido víctimas de un cúmulo de agresiones, como la desaparición forzada, homicidios, violencia sexual, de género, entre otras.
Además, puntualizó que según información oficial, son al menos 30 comunidades de Jerez las que fueron afectadas por este fenómeno, entre ellas destacan La Ermita y Sarabia por ser las que presentaron mayor flujo de tránsito de personas, pues durante 2021 un aproximado de 4 mil jerezanos abandonaron sus hogares.
Sin un retorno permanente
A pesar de las acciones que emprendieron las autoridades, Antonio López aseguró que no hay un retorno duradero por parte de los habitantes, dedicados principalmente a la agricultura y ganadería.
“Hay dinámicas de retornos temporales [cuando] las personas van a la sierra, que muchas veces está relacionado con la producción y atención a sus animales; después en las noches salen, regresan al casco urbano de Jerez y no hay un retorno permanente”, puntualizó..
Esta situación, destacó, está relacionada a la necesidad de reparar el daño, que es la garantía de un retorno seguro o una integración apropiada a los nuevos espacios ocupados por la población movilizada.
Enfatizó que para una atención integral en Zacatecas, se debe aplicar la Ley de desplazamiento forzado, la cual fue aprobada en 2022, con el propósito de atender las causas profundas asociadas a este problema.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, expuso que autoridades de seguridad, como Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mantienen operaciones en las comunidades desplazadas, sobre todo en Ermita de los Correas y El Durazno, donde regresó el 60 por ciento de la población.
Seminario de desplazamiento
La importancia de comprender el fenómeno de los desplazamientos en Zacatecas y otras entidades se representó en un seminario, organizado por Libertad Argüello Cabrera, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el docente investigador Jairo Antonio López, quien pretende generar realizar una publicación y emprender la discusión en torno a esta problemática.
Argüello Cabrera explicó que el seminario es parte de un grupo de trabajo que fue convocado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y el cual tendrá un ciclo de presentaciones el 20 de abril, 18 de mayo y 22 y 30 de junio.
