Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen, vale más de lo que sus adversarios dicen.
António Gala, poeta, dramaturgo y articulista español
Después de que en el período legislativo, que comprendió de septiembre a diciembre de 2022, Morena y los aliados intentaron procesar en la Cámara de Diputados la Reforma Electoral, cuya aprobación no fue posible, por no contar con mayoría calificada, requisito indispensable para una Reforma Constitucional, finalmente el pasado 22 de febrero avanzó en la Cámara de Senadores el llamado Plan B.
Dicho Plan modifica la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas ellas leyes secundarias.
Pero regresemos a los hechos reales de este, no a los ya tergiversados por la oposición: a) abolir los altos sueldos y privilegios que ostenta la alta burocracia del INE, como el seguro de gastos médicos mayores, que contraviene a la Ley Federal de Austeridad Republicana; b) fortalecer las facultades de los partidos políticos para establecer en sus documentos básicos acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género que garanticen la igualdad y no discriminación en la designación de candidaturas; c) que el Instituto y los Órganos Públicos Locales de las entidades federativas integrarán el Sistema Nacional Electoral, el cual tendrá a cargo la función de organizar elecciones y consultas en su ámbito de competencia y; d) que la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral garantice el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública, así como promover la rendición de cuentas a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquella que los entes públicos contraten en los medios de comunicación masiva.
Pese a que en el fondo los objetivos reales buscan que el árbitro electoral ejerza a cabalidad su función y por lo tanto que no sea presa de intereses económicos (aquí el insistencia de la defensa de los altos salarios) y de partido; en las dos últimas semanas han sucedido dos hechos derivados de determinaciones de distintas instancias pertenecientes al Poder Judicial:
1) La suspensión definitiva del artículo 17 transitorio de la reforma electoral por Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, con el que se destituía a Edmundo Jacobo Molina, acto seguido regresó como secretario ejecutivo, cargo que ha ostentado durante 14 años, que por cierto acaba de darse a conocer su renuncia como diciendo «no me corren, me voy».
2) Alegando que el Plan B llegaría a «…comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando…», el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, ordenó la suspensión del Plan B.
Por otro lado ocurre que Lorenzo Córdova, quien se encuentra a unos días de, para bien de la democracia mexicana, culminar su periodo como consejero presidente del INE, hizo pública la visita que realizó al Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señalado por abiertamente alinear al organismo a las posiciones intervencionistas y antidemocráticas de Trump, como el golpe de estado a Evo Morales. La visita, con cargo al erario público mexicano, tuvo la irónica intención de quejarse de que la democracia mexicana está en riesgo.
Sin olvidar la marcha organizada por abiertos opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, usando la argucia de defender al INE del previamente mencionado Plan B.
Es por la suma de estos antecedentes que en México tenemos un retorcido sistema electoral que permite que haya aspirantes a presidente de la República, personajes probadamente corruptos (consideremos que la corrupción ya está tipificada como un delito) como Silvano Aureoles (acusado de fraude por 230 millones de pesos) y Ricardo Anaya (prófugo en Estados Unidos por recibir sobornos de parte de Emilio Lozoya); o fervientes opinadores partícipes indirectos en procesos electorales como Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos mencionados en el juicio a Genaro García Luna e involucrados como cómplices pasivo y activo, respectivamente.
Queda en evidenciada una sospechosa sincronía en el año previo a las elecciones presidenciales de 2024 en México, también queda exhibida la andanada de acciones producto de complicidad de actores, tanto del lado del INE como del lado del Poder Judicial, con la pretensión de mantener el control y privilegios de ambas instituciones, so pretexto de defenderlos contra la «dictadura». Evidentemente este secuestro de instituciones ha perjudicado nuestra aún inacabada democracia, la cual muy a pesar de los Córdova, los Murayama, los Laynez, los Lobo y otros tantos, por impulso del pueblo mexicano ha logrado instituir constitucionalmente formas democráticas como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular.